Durante la última sesión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), el fiscal de Prevención del Delito, Manuel Bernedo Danz, informó que en Moquegua no se ha ejecutado ninguna expulsión de ciudadanos extranjeros, pese a existir causales legales.
El representante del Ministerio Público explicó que el motivo principal es la falta de presupuesto asignado a la Policía Nacional para ejecutar los traslados hasta las fronteras autorizadas.
“Existe un procedimiento exprés que permite emitir la resolución de expulsión en 24 horas, pero la policía no tiene recursos para cubrir viáticos, transporte ni alimentación del personal encargado de la diligencia”, precisó Bernedo Danz.
Según indicó, el convenio entre Perú y Chile impide la recepción de ciudadanos venezolanos en frontera, por lo que el punto de salida más cercano sería Desaguadero (Puno), lo que incrementa los costos operativos.
Por ello, el COPROSEC solicitó a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto evaluar una posible colaboración económica dentro del marco que permite a los gobiernos locales apoyar financieramente a la Policía Nacional en temas de seguridad.
Otro de los temas abordados fue el aumento de denuncias por los préstamos informales conocidos como “gota a gota”, que generan preocupación entre las autoridades locales y las juntas vecinales. El fiscal Bernedo Danz señaló que muchas investigaciones terminan archivadas por la dificultad de identificar a los responsables, ya que algunas amenazas y cobros extorsivos se realizan desde el extranjero.
Frente a ello, el Ministerio Público planteó un nuevo enfoque legal para denunciar estos casos bajo el delito de comercio clandestino, que sanciona la realización de actividades financieras sin autorización.
“Aunque la pena no sea severa, genera antecedentes y puede constituir causal de expulsión en el caso de ciudadanos extranjeros”, explicó el fiscal, agregando que se revisarán los casos archivados para determinar las causas y fortalecer la coordinación entre la Fiscalía, la Policía y las juntas vecinales de seguridad ciudadana.
