En horas de la madrugada de este martes, la procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutó una diligencia de desalojo en un terreno ubicado en el distrito de San Antonio, ocupado por la empresa Tower and Tower. La intervención se desarrolló desde las 4:30 a. m.
El gerente general del Gobierno Regional de Moquegua, Abraham Ponce, quien se hizo presente en el lugar, señaló que la diligencia fue planificada conforme a ley y en presencia de representantes del Ministerio Público, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y la Policía Nacional.
“Estamos verificando que se cumpla con las disposiciones de la mejor manera posible. Se ha causado el menor daño posible y todo se ha desarrollado con normalidad. No hay heridos ni afectados”, precisó.
El funcionario explicó que la acción forma parte de las competencias transferidas por la SBN al gobierno regional para la custodia de terrenos del Estado, y remarcó que el procedimiento se ejecutó con conocimiento de las instancias correspondientes.
Durante la intervención, se reportó la presencia de maquinaria que obstaculizaba el ingreso al terreno, situación que fue puesta en conocimiento del Ministerio Público. “La empresa señala que se trata de bienes de terceros, pero el procurador ya está tomando las acciones correspondientes”, afirmó Ponce.
TOWER AND TOWER: “ES UN ACTO ARBITRARIO”
Por su parte, el representante legal de Tower and Tower, Mario Chipana, calificó la diligencia como un acto arbitrario e ilegal, alegando que existen procesos judiciales pendientes relacionados con el terreno.
“Hay una acción de amparo y una demanda de interdicto de retener en curso, donde el propio Gobierno Regional es parte procesal. Pese a ello, han decidido proceder con un desalojo extrajudicial. Vamos a actuar conforme al marco legal e interpondremos las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables”, declaró Chipana.
El letrado sostuvo que la empresa cuenta con dos títulos de concesión minera, los cuales —según afirmó— le otorgan el derecho de uso superficial gratuito de terrenos del Estado, conforme al artículo 37 de la Ley General de Minería.
“Hemos advertido de este marco legal al procurador, pero parece que se desconoce. Lamentablemente, el tema técnico y legal ha sido politizado por intereses particulares”, señaló.
Asimismo, el representante empresarial indicó que trabajadores locales fueron afectados con la medida, al no haberse considerado su situación laboral durante la diligencia, reiteró que la diligencia responde a un trasfondo político.
“El medio ambiente no debería politizarse, pero hemos caído en manos de políticos que actúan de acuerdo con sus intereses. Este proyecto busca contribuir a la gestión de residuos sólidos, una necesidad que el Estado no ha podido cubrir eficientemente”, declaró.
