Cuando uno camina por las angostas calles del distrito de Torata, el tiempo se detiene. El aroma que brota de las tradicionales panaderías se entremezcla con las fachadas de las casonas antiguas, construidas a base de adobe, quincha y techos de calamina. La modernidad urbanística en el principal distrito minero de la región Moquegua solo es un rumor, una utopía que se contradice con los millones que el distrito percibe por las operaciones mineras en su jurisdicción.
A simple vista, la economía local gira en torno a la producción del pan, algunos restaurantes, bodegas y uno que otro emprendimiento instalado alrededor de la plaza de armas y el municipio distrital. Pese a contar con el emblemático cerro Baúl y las cataratas de Mollesaja en su territorio, la actividad turística parece ser esquiva en un día cualquiera.
Según cifras históricas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el 2016 al 2025 el distrito de Torata ha percibido como beneficio económico de la actividad minera poco más de 915 millones de soles. El distrito alberga a dos grandes compañías mineras: desde 1976, Southern Peru Copper Corporation con su unidad minera Cuajone, y desde el 2023, Anglo American con su mina Quellaveco. Ambas empresas han permitido el auge del canon minero en el distrito: 113 millones de soles en el 2023, 189 millones de soles en el 2024 y poco más de 202 millones de soles en el 2025. Esta bonanza ha hecho que la economía del distrito dependa hasta en un 78 % de los aportes de la minería.
Pese a tener los recursos económicos necesarios, la economía de su población no ha logrado el dinamismo que le permita mejorar su calidad de vida. La infraestructura urbana aún parece detenida en el tiempo, sin modernidad alguna. Pese a las inversiones en turismo y la mejora de accesos al principal atractivo del distrito, el cerro Baúl, el turismo no ha logrado insertarse como una actividad importante que genere mayor dinamismo económico a los lugareños. Se puede percibir que las diversas autoridades distritales que han gobernado el distrito no lograron cerrar la brecha económica que, a simple vista, aqueja al vecino de Torata. Por el contrario, se han conformado con la dependencia económica de la actividad minera.
Si bien el distrito ha mejorado en acceso a los servicios de saneamiento, agua potable, infraestructura en instituciones educativas y otras entidades públicas, aún tiene el reto de fortalecer sus sistemas viales y de protección a la infraestructura agrícola, que cada año se ve afectada por las torrenciales lluvias que aquejan al distrito.
Lo de Torata es solo un ejemplo entre muchos. Según el MEF, entre el Gobierno Regional de Moquegua, las tres municipalidades provinciales y algunas distritales, no se invirtieron 342 millones 95 mil 281 soles de los 1 026 millones 705 mil 173 que ingresaron a las arcas en 2024 gracias a la actividad minera.
De acuerdo con el economista Javier Flores Arocutipa, esta breve descripción de los recursos no optimizados del canon minero debe replantear la implementación de mejores normas y políticas de Estado para evaluar el índice de eficiencia en la inversión pública y enfocar los recursos del canon en proyectos de impacto y mayor sostenibilidad. En suma, se debe redefinir el aporte del canon minero por el beneficio real que genera en las personas, no solo por la cantidad de dinero gastado.
RECURSOS VERSUS CAPACIDAD DE GESTIÓN
Por esa razón, a menudo se habla del deficiente uso del canon minero y de que no se emplea para atender las necesidades de las poblaciones. Graciela Muñoz Cahuana, economista del Consejo Privado de la Competitividad, advirtió que Moquegua, como otras regiones mineras, enfrenta serias limitaciones para invertir el canon minero.
Según Muñoz Cahuana, el problema ya no radica en la falta de recursos económicos, sino en las limitaciones de las autoridades y sus funcionarios. Dijo que Moquegua, en 2024, pese a haber recibido más de mil millones de soles por ese rubro, solo ejecutó la mitad de ese dinero. La otra mitad permaneció guardada en sus cuentas.
El otro problema son las trabas burocráticas del sistema de inversión pública, los sobrecostos que genera la falta de planificación técnica de una obra, la escasa relevancia social de determinados proyectos y la corrupción al interior de las entidades públicas. Todo eso acarrea un retroceso traducido en obras paralizadas, malversación, desvío y desperdicio de dinero.
De acuerdo con reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Moquegua percibió entre 2004 y 2025 un total de 8 738 millones de soles por canon y regalías mineras; sin embargo, solo se aprovechó el 63 % de ese dinero, mientras que sectores como salud, educación, agro y saneamiento básico siguen relegados.
ATOMIZACIÓN Y CORRUPCIÓN
El economista Javier Flores Arocutipa señala que las obras de impacto superan presupuestos por encima de los 500 millones de soles. Anualmente, Moquegua podría cubrir el costo de dos obras de gran impacto; sin embargo, el dinero se distribuye entre los gobiernos distritales y provinciales. “No veo que haya proyectos emblemáticos e importantes a nivel de Moquegua con un impacto regional”, sostuvo.
Según reportes del Ministerio Público, el auge del canon minero ocasionó el incremento de delitos de corrupción de funcionarios. En noviembre de 2009 se creó en la región Moquegua una sede de la Contraloría, y en diciembre de 2013 se fortaleció la lucha institucional contra la corrupción con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Solo entre 2024 y 2025, 151 funcionarios públicos fueron procesados por el Ministerio Público: 353 denuncias en 2024 y, hasta setiembre de 2025, suman 247 denuncias. El fiscal anticorrupción Emilio Salas Apaza detalló que los funcionarios con más denuncias provienen del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, la Subregión Ilo, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la Oficina de Logística del GORE. El delito con mayor incidencia es la colusión, que consiste en acuerdos irregulares entre funcionarios, proveedores o contratistas para defraudar al Estado.
Fuentes del Ministerio Público revelaron que la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala registra 32 investigaciones, mientras que el expresidente Martín Vizcarra tiene 66 carpetas fiscales. Uno de los casos más emblemáticos de corrupción es la denuncia publicada en setiembre de 2023 por el Diario La Prensa Regional, que involucró a Gutiérrez Ayala en una irregular contratación de camionetas a empresas vinculadas con la pareja sentimental de su hermana. La fiscalía también investiga nombramientos irregulares y contratos a proveedores de su campaña política.
Hace poco, el fiscal Salas Apaza solicitó nueve años y ocho meses de prisión por el delito de peculado para el exgobernador regional (2011–2014) y expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios Edmer Trujillo Mori y Hugo Espinoza Palza. Se trata del caso del pago irregular de 697 mil soles a favor del consorcio Chirimayuni, que debió brindar un servicio de supervisión externa que nunca se realizó.
OBRAS PARALIZADAS EN MOQUEGUA
A junio de 2025, el Perú registró más de 2 400 obras públicas paralizadas, según cifras de la Contraloría General recogidas por ComexPerú. Moquegua ocupa el puesto 12 del ranking nacional, con 51 obras paralizadas (2,1 %). Entre el gobierno nacional, regional y los gobiernos locales, se estima un presupuesto truncado de 1 199 millones de soles.
Entre las obras paralizadas figuran los 115 kilómetros de carretera pendientes de asfalto en la ruta Moquegua–Omate–Arequipa y el camal municipal de Mariscal Nieto. A las paralizaciones se suman los desfalcos financieros en algunos proyectos de inversión. Recientemente, la Contraloría detectó, a través de una auditoría, un perjuicio económico de aproximadamente 1 millón 300 mil soles por la construcción de accesos alternos a terrenos particulares del proyecto de ampliación agrícola Lomas de Ilo. Según el órgano de control, funcionarios de Pasto Grande permitieron la construcción de accesos carrozables a través de modificatorias presupuestales, pese a que existían accesos por vía pública.
Entre los motivos de las obras paralizadas se encuentran las discrepancias, controversias, arbitrajes, incumplimiento de contratos, deficiencias en expedientes técnicos y abandono.
PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA
En abril último, el director regional de salud, José Luis Herrera Chejo, informó que más del 80 % de los niños analizados en tamizajes presentan metales pesados en su organismo en la región. Esta situación encendió las alarmas sobre el tema de la salud pública y trajo al debate la calidad del agua, del suelo y del aire. Por otro lado, de acuerdo con Javier Flores Arocutipa, la anemia ha tenido un aumento sostenido y pronunciado en la región Moquegua, alcanzando en 2025 al 38 % de la población infantil. Según el especialista, una prevalencia mayor al 20 % ya es considerada un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La anemia, ocasionada por la ausencia de hierro, se asocia con la baja en el desarrollo cognitivo.
Para la politóloga Estafany Pacho, el débil liderazgo de las autoridades y la falta de planificación están frenando el desarrollo de la región, pese a los ingentes recursos mineros. Cuestionó la ausencia de estrategias para una planificación territorial y lamentó que, pese a tener los mejores indicadores económicos, la ciudadanía no perciba mejoras en sectores como salud, educación, trabajo y vivienda. En suma, no existen políticas adecuadas que permitan la mejora en la vida cotidiana de los moqueguanos.
EN QUÉ SE GASTAN LOS MILLONES
El dinero en Moquegua se gasta en infraestructura vial (32,5 %), en el sector agropecuario en zonas rurales (18,6 %), pero en educación (12,3 %), salud (2,2 %) y saneamiento solo se invierte el 4,4 %. La baja inversión en educación, salud y saneamiento es preocupante para una región que presenta grandes brechas sociales en zonas rurales.
A poco menos de finalizar el 2025, las municipalidades provinciales de Ilo y Mariscal Nieto, y los municipios distritales de San Antonio y Torata, solo han ejecutado el 52,4 % del canon minero. Estos cuatro municipios concentran 632,9 millones de soles de los 791 millones que la región Moquegua obtuvo por este rubro en el 2025, pero solo han invertido la mitad de este dinero.
Para el economista Eduardo Salazar López, el 52 % de ejecución a octubre del 2025 no solo refleja incapacidad, ineficacia y lentitud, que se traducirán en obras y servicios postergados. Aunque el dinero del canon no se revierte, pasa al siguiente año sin generar impacto oportuno en la población. “La baja ejecución preocupa debido a que los proyectos financiados con estos recursos están orientados a infraestructura, servicios públicos, saneamiento, reactivación económica y reducción de brechas sociales. Si el ritmo no mejora en el último trimestre, una parte importante del presupuesto podría quedar inmovilizada y sin traducirse en obras”, explicó.
Según los ciudadanos y voceros de la sociedad civil, Katherine Maldonado y Guido Herrera, la región debe aprovechar el canon minero para construir represas que capten agua para la expansión agrícola en las 29 mil hectáreas disponibles. Según el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Moquegua tiene recursos para ejecutar proyectos de irrigación como Lomas de Ilo, Pampas Las Pulgas, Hawai, La Rinconada, La Clemesí y otros. El otro reto es desarrollar cuatro proyectos de represamiento hídrico —Paltiture, Cuturi, Tambillo y Coralaque— para captar 220 millones de metros cúbicos de agua destinados al consumo humano y la expansión agroindustrial.
Coinciden las voces de la sociedad civil en que las autoridades deben fortalecer otras actividades productivas para que la economía regional no dependa de los ingresos de la actividad minera, siendo la expansión agrícola y la agroindustria dos alternativas muy importantes para el desarrollo económico de sectores sociales que no tienen oportunidades en el sector minero ni en las instancias públicas.
EL CAMAL SIN AGUA
En Moquegua abundan las muestras de ineficacia en la inversión pública. A menudo se denuncian y constatan obras paralizadas, abandonadas o que ya excedieron su plazo de ejecución. La falta de planificación y el poco impacto social parecen ser una constante en el trabajo de las autoridades locales.
Un ejemplo de obra cuyo presupuesto y plazo de ejecución se extendió más de lo previsto es la construcción del camal municipal, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El proyecto comenzó en 2019 con un presupuesto de 39 millones de soles y un plazo de ejecución de 660 días. Hoy lleva poco más de cinco años sin culminar y su presupuesto se incrementó a 58 millones de soles.
Hay quienes señalan que esa obra es una muestra más de la ineficacia de las autoridades que no son exigentes con las deficiencias técnicas que perjudican la mejora de los servicios a la población. Según la Contraloría, el proyecto corre el riesgo de no operar porque no cuenta con una fuente asegurada de agua potable. Tiene otras irregularidades que comprometen su operatividad.
Otro ejemplo: en agosto de 2025, con bombos y platillos, el alcalde del distrito de San Antonio, Eulogio Santos Villegas, inauguró un parque temático en un área de 3 mil metros cuadrados. Contagiado por la fiebre de la tendencia y la popularidad, ideó un parque en homenaje al capibara; para ello destinó 10 millones de soles del canon minero. El alcalde y sus funcionarios justificaron el alto costo porque el suelo donde se construyó era inestable.
De acuerdo con datos del MEF, en 2025 San Antonio recibió 93 millones de soles por canon y regalías mineras. Este distrito cuenta con un presupuesto institucional modificado de 166 millones 836 mil 024 soles; de eso, más de 144 millones están destinados a obras y proyectos. A agosto pasado, el avance de ejecución no superaba el 45 %. “Hay obras urgentes que seguimos esperando, mientras el dinero del canon se diluye en proyectos innecesarios”, cuestionan los pobladores de San Antonio.
SIN MORGUE EN PLENO SIGLO XXI
En contraste con esta realidad, existen otras infraestructuras de relevancia que las autoridades políticas se resisten a concretar. No generan réditos políticos, pero aplacarían menos horas de angustia frente a la muerte. Se trata de la falta de una morgue en la capital de la región, que hace que todo aquel que fallezca en condiciones extrañas tenga que ser trasladado hacia la ciudad de Ilo para los exámenes tanatológicos de ley. Esto duplica los costos y el dolor de los familiares que llegan de los distritos altoandinos de Moquegua.
Un accidente de tránsito en la carretera binacional con 14 personas muertas puso el tema en debate. Se cuestionaron los padecimientos de los familiares de Juliaca, Puno y Bolivia, que se vieron obligados a trasladarse hasta la ciudad de Ilo a recoger los restos de sus seres queridos.
Parece que las autoridades políticas de la región aún no son conscientes de que la minería aporta un presupuesto diario de poco más de 2 millones 100 mil soles para el resto del 2025. Ese dinero sería suficiente para mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos que viven en Moquegua.
