POR: GUSTAVO PUMA CÁCERES
En un hecho que ya parece costumbre, el Perú vio jurar a su séptimo presidente en menos de diez años. La fulminante destitución de Dina Boluarte por el Congreso y la inmediata asunción de José Jerí como nuevo mandatario confirman la normalización de una crisis política que ha erosionado las bases de la gobernabilidad y sumido al país en una profunda y peligrosa incertidumbre.
EL LABERINTO DE UNA CRISIS ANUNCIADA
Para comprender la magnitud del presente, es ineludible mirar al pasado reciente. La última década en el Perú ha sido un torbellino político que inició con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, acorralado por acusaciones de corrupción. Su sucesor, Martín Vizcarra, corrió la misma suerte en 2020, vacado por el Congreso en un proceso que muchos analistas calificaron como una “conspiración parlamentaria”.
La inestabilidad se agudizó con la breve y convulsa gestión de Manuel Merino, quien duró menos de una semana en el poder antes de renunciar presionado por masivas protestas ciudadanas y la muerte de Bryan e Inti, jóvenes de la generación “Z y Y”.
La transición liderada por Francisco Sagasti buscó ser un bálsamo, pero las elecciones de 2021 solo profundizaron la polarización. El gobierno de Pedro Castillo, marcado por constantes enfrentamientos con el Legislativo y graves acusaciones de corrupción, terminó abruptamente con un fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de una violenta crisis social “que dejó decenas de fallecidos y responsable política y militar de la muerte de 50 peruanos y una herida abierta en el país”. Su reciente destitución, mediante una “vacancia exprés”, es el último capítulo de esta saga de ingobernabilidad.
ANÁLISIS DE CLAVES: LAS GRIETAS DEL SISTEMA
La recurrencia de crisis presidenciales en el Perú no es producto del azar, sino la consecuencia de al menos tres factores estructurales que se retroalimentan.
La vacancia como arma política: La figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, contemplada en el artículo 113 de la Constitución, ha sido desnaturalizada. Originalmente concebida para situaciones extremas, se ha convertido en una herramienta de control y sanción política utilizada por mayorías parlamentarias para destituir presidentes sin necesidad de un debido proceso judicial.
Al respecto, el Dr. Alonso Cárdenas, politólogo y constitucionalista de la Universidad del Pacífico, señala:
“Lo que estamos presenciando no es el ejercicio de un control político legítimo, sino la hipertrofia de un poder congresal que ha secuestrado la democracia. La ‘incapacidad moral’ se ha convertido en un concepto comodín, utilizado para resolver conflictos políticos por medio de una mayoría circunstancial. Esto deja al Poder Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad, donde gobernar se vuelve imposible si no se capitula ante las demandas del Legislativo”.
Un Congreso fragmentado y deslegitimado: El poder legislativo peruano se ha caracterizado en los últimos años por su extrema fragmentación, con un gran número de bancadas pequeñas que negocian su apoyo en función de intereses particulares y, en muchos casos, ilícitos.
Según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Congreso de la República mantiene un índice de desaprobación ciudadana que consistentemente supera el 85%. Esta desconexión con el electorado, sumada a los numerosos escándalos de corrupción que involucran a parlamentarios, genera un Legislativo que no representa a la ciudadanía y que legisla, en gran medida, para proteger intereses propios o de grupos de poder.
La rapidez con la que se aprobó la vacancia exprés de Boluarte es una muestra de esta dinámica, donde las alianzas efímeras pueden sellar el destino de un gobierno en cuestión de horas.
La erosión de la confianza ciudadana: La consecuencia más grave de este ciclo vicioso es la pérdida total de confianza de los peruanos en sus instituciones. La percepción de que la política es un campo de batalla por el poder y no un servicio público está profundamente arraigada.
El alcalde de Pataz, en su caminata y llegada a Lima, dijo:
“A Dina no la ha vacado el Congreso. A Dina la ha vacado la juventud que sale los sábados y domingos a las calles. A Dina la ha vacado los transportistas. A Dina la ha vacado los pueblos que se han congregado en todas las plazas a lo largo y ancho de mi caminata. Ellos la han vacado, que quede claro”.
La voz desde las regiones refleja esta frustración. El alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, declaró:
“Aquí en Ayacucho, y en gran parte del país, la gente ya no cree en nadie. Mientras en Lima se reparten el poder, en el interior sufrimos la falta de inversión y el abandono. Esta danza de presidentes nos hunde más en la pobreza y la desesperanza. Es una burla al pueblo peruano que ha salido a votar esperando un cambio”.
LA CORRUPCIÓN: DATOS DE UNA FRACTURA EXPUESTA
Las cifras no mienten. Un informe reciente de Proética revela que la corrupción es percibida por el 62% de los peruanos como el principal problema del país, por encima de la delincuencia.
Además, el Barómetro de las Américas ha mostrado una caída sostenida en el apoyo a la democracia como el mejor sistema de gobierno, pasando de un 60% en 2010 a menos del 45% en la última medición.
Cada crisis presidencial agrava estos indicadores, afectando no solo la estabilidad política sino también la económica, con la paralización de inversiones y la creciente incertidumbre.
¿HAY UNA SALIDA AL LABERINTO?
La juramentación de José Jerí como el séptimo presidente en una década no es un punto de inflexión, sino la continuación de un patrón autodestructivo.
El Perú se encuentra atrapado en un laberinto donde las salidas parecen clausuradas por sus propias élites políticas, que alimentan la corrupción y los negociados políticos. El futuro inmediato es incierto.
La gran tarea pendiente sigue siendo una reforma política profunda que redefina las reglas del juego: regular la figura de la vacancia, reformar el sistema de partidos y fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción.
Los eventos de los últimos días han confirmado que la ingobernabilidad es el síntoma más grave de una enfermedad sistémica: la captura de las instituciones democráticas por intereses que anteponen su supervivencia al bienestar de la nación.
Hannah Arendt, filósofa e historiadora estadounidense, decía en su obra La desobediencia civil es cultura política: en el país, si algo no marcha bien y no estamos de acuerdo, tenemos el derecho a la protesta, indicado en la Constitución Política del Perú.
La pregunta que queda en el aire no es quién será el próximo presidente ni en cuántas horas, días o meses caerá, sino cuándo la ciudadanía y su clase dirigente decidirán, de una vez por todas, romper el ciclo.
