POR: DR. ROBERTO TITO CONDORI PÉREZ
La encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondiente a junio de 2025 evaluó el nivel de confianza ciudadana en la Defensoría del Pueblo, institución que tiene como misión proteger los derechos fundamentales y supervisar la actuación del Estado frente al ciudadano.
En Tacna y Moquegua, más del 78% de la población manifiesta tener escasa o nula confianza en la Defensoría del Pueblo, según las categorías “nada” y “poco”.
Esta percepción refleja un distanciamiento institucional profundo, asociado a la baja visibilidad del rol de la Defensoría y a la desconfianza generalizada en las entidades públicas.
En Arequipa, aunque el nivel de desconfianza también es alto (68.38%), se observa un incremento moderado en la percepción de confianza “suficiente” (12.71%) y “bastante” (2.41%).
En conjunto, Arequipa alcanza un 15% de confianza efectiva, lo que la posiciona como la región con mayor percepción positiva relativa hacia la Defensoría del Pueblo.
En Puno, el nivel de desconfianza declarada es menor (47.22%), pero el 50% de la población no sabe o no opina, lo que indica una falta de conocimiento o lejanía institucional.
Este resultado sugiere que amplios sectores de la población desconocen la labor o incluso la existencia misma de la Defensoría, evidenciando un déficit de comunicación pública en la región.
La confianza efectiva se mantiene baja en todas las regiones analizadas: En Moquegua, solo el 13.66% manifiesta confianza “suficiente” y 0% “bastante”. En Tacna, el porcentaje conjunto de confianza “suficiente” y “bastante” llega a 14.51%, mientras que Arequipa muestra los niveles más altos con 15% en total. En contraste, Puno apenas alcanza 2.78% de confianza suficiente.
El estudio confirma que la Defensoría del Pueblo enfrenta un serio déficit de credibilidad en el sur del Perú, con predominio de la desconfianza o indiferencia ciudadana. En Tacna y Moquegua, el alto nivel de desconfianza (78%) revela un vínculo debilitado entre ciudadanía e instituciones defensoras de derechos. En Arequipa, se observa un ligero reconocimiento positivo, mientras que Puno evidencia desconocimiento y desapego institucional.
