POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En la provincia de Islay, a través de los tiempos ha tenido varios puertos: Puerto Santa Rosa de Islay, que se cerró por la epidemia de la peste bubónica; siendo trasladado al Puerto de Mollendo.
Ante las dificultades de embarque y desembarque de mercaderías y personas, se instaló en el Puerto de Matarani. Hay investigadores, como el periodista Bernardino Rodríguez Carpio, que afirman que antes del Puerto de Islay habría existido el Puerto de Chule, en lo que hoy es Mollendo. El mismo fue enterrado por las cenizas del volcán Huaynaputina de Moquegua al erupcionar el año de 1600, yendo luego a afincarse en Islay.
En la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, período del Ing. Daniel Vera Ballón (2003 – 2006), surgió el proyecto del Mega Puerto de Corío, ubicado en el distrito de Punta de Bombón.
CONCESIÓN Y PRIVATIZACIÓN
El Puerto de Matarani, desde el Gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado (1968 – 1975), tuvo una administración estatal mediante la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU Perú; siendo privatizado en el Gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori (1990 – 1995 y 1995 – 2000).
La concesión, discutida, fue dada a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), del Grupo Romero, en el año 1999, por treinta años, hasta el 2029; acaban de ampliarle el tiempo de concesión a otros treinta años más, culminando el año 2059.
ADENDA N.° 5 Y VIGENCIA DE LA CONCESIÓN
En el Diario Oficial El Peruano (04/10/25) se publicó el Decreto Supremo N.° 015-2025-MTC, “Decreto Supremo que aprueba el texto de la Adenda N.° 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos”.
El mismo decreta: “Artículo 1.- Aprobación del texto de la adenda. Aprobar el texto de la Adenda N.° 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos, a celebrarse entre el Estado de la República del Perú, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en calidad de Concedente, y la empresa Terminal Internacional del Sur S.A., en calidad de Concesionario, el mismo que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo”.
En el proyecto de Adenda N.° 5 al Contrato de Concesión, en la Cláusula 3, Vigencia de la Concesión, numeral 3.1, dice: “Salvo que la Concesión sea resuelta anticipadamente, el período de vigencia para el cual se otorga la Concesión es de sesenta (60) años contados a partir de la Fecha de Cierre”.
En el Contrato de Concesión suscrito el año 1999 por el Estado peruano y la empresa TISUR, la Cláusula 3, numeral 3.2, Prórrogas de la vigencia de la Concesión, establece: “La Concesión podrá ser prorrogada discrecionalmente por el Concedente, a solicitud del Concesionario. En ningún caso el plazo de la Concesión sumado al plazo de cualquier prórroga o prórrogas de la Concesión podrá exceder un plazo de sesenta (60) años”.
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
Este contrato de concesión tiene protección constitucional en el artículo 62, Libertad de contratar. Dispone: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
Este precepto supremo, así se hubiese modificado o reformado, no era aplicable, porque las leyes no son retroactivas.
LEGALIDAD Y REALIDAD
¿Dónde radica el problema de la prórroga de la concesión? No en la legalidad, sino en la realidad.
¿Cómo así? Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿La concesión del Puerto de Matarani ha traído desarrollo al distrito de Islay y a la provincia de Islay?, ¿Ha generado empleo a la población joven de Matarani y Mollendo? ¿Ha dinamizado la economía local?, ¿Cumple con las normas ambientales?, ¿Ha honrado los compromisos del contrato de concesión?
Respondan: señores alcaldes y regidores de Matarani y Mollendo; digan algo señores dirigentes de gremios sindicales y organizaciones populares; pronúnciense señores de la Cámara de Comercio, partidos políticos y medios de comunicación.
Quien calla, otorga. El problema está en aplicar la legalidad sin ver la realidad.
