Óscar Zevallos, dirigente de la junta vecinal de Omo y agricultor del valle de Moquegua, participó activamente en la reciente mesa de trabajo sobre la crítica situación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Omo (PTAR Omo). Zevallos expresó su preocupación por los retrasos, falta de acción efectiva y compromisos incumplidos por parte de las autoridades provinciales y nacionales.
“El compromiso del alcalde provincial John Larry de iniciar los trámites para delegar la competencia a la municipalidad distrital de San Antonio es un primer paso. Pero necesitamos hechos, no solo palabras”, señaló el dirigente.
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL, NO PARCHES TEMPORALES
Durante la reunión, uno de los principales acuerdos fue que la Municipalidad Distrital de San Antonio elabore el perfil técnico de una nueva PTAR, bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda. Zevallos recalcó que la solución debe ser integral y no limitada a una ampliación o mejora de la planta actual, la cual ya ha colapsado y representa una amenaza sanitaria para toda la cuenca.
“El IOAR que propone la municipalidad provincial no puede ser la única salida. Está claro que necesitamos una nueva planta, una solución de fondo. Se ha dicho que esta alternativa provisional duraría cuatro años. Pero mientras tanto, ya deben ir gestionando la construcción de la nueva PTAR, que debería comenzar a ejecutarse en 2027”, afirmó.
También insistió en que el perfil técnico ya avanzado por la municipalidad distrital debe retomarse de inmediato, con apoyo técnico del Ministerio de Vivienda, EPS Moquegua, la Junta de Usuarios y la sociedad civil.
FALTA DE SOCIALIZACIÓN Y RIESGO DE CONFLICTO SOCIAL
Una de las críticas más contundentes de Zevallos fue hacia la falta de socialización del proyecto por parte de la municipalidad provincial. Según indicó, ni los agricultores ni los propietarios de terrenos por donde se proyecta instalar nuevas tuberías han sido informados.
“Se habla de colocar una tubería de 630 milímetros, mucho mayor que las actuales. Pero no se ha consultado a los propietarios de los terrenos. ¿Cómo pretenden excavar en propiedad privada sin haber coordinado? Estas cosas deben socializarse, de lo contrario, se corre el riesgo de paralización de obras o de conflicto social”, advirtió.
