El gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Freddy Roosvelt Cuéllar del Carpio, cuestionó la Resolución N.° 00072-2025-SENACE/PE, emitida el pasado 15 de septiembre, la cual supedita el procedimiento de revocación de la certificación ambiental del proyecto Huatipuka a la acción de amparo interpuesta por la empresa Tower and Tower S.A.
Según el funcionario, el criterio adoptado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) resulta “sesgado” porque el trámite administrativo municipal para la revocación debería continuar con normalidad, pese a que existe un proceso judicial en curso.
“Nuestra resolución 414-2024, que revoca la compatibilidad de uso de suelos, está vigente y no ha sido anulada por ninguna instancia judicial ni administrativa. Por lo tanto, corresponde que el Senace reinicie el procedimiento de revocación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, sostuvo Cuéllar.
Asimismo, el asesor legal aclaró que en ningún momento se esperaba que Senace notificara la revocatoria del certificado ambiental tras la reunión sostenida con autoridades nacionales en Lima el 14 de agosto. Lo que se buscó en la capital de la República, precisó, era que se levantara la suspensión y se continúe con el procedimiento administrativo.
“No era posible que se dicte la revocatoria. Lo que correspondía era reactivar el trámite. Son procesos distintos que tienen sus plazos y etapas”, remarcó.
Además, Cuéllar indicó que vincular el procedimiento administrativo con la acción de amparo interpuesta por la empresa “equivale a prejuzgar”, pues la validez de los actos municipales se mantiene mientras no exista una sentencia firme que los declare nulos.
Finalmente, recordó que, aun cuando la certificación ambiental de Tower and Tower S.A. se mantiene formalmente vigente, en la práctica “carece de eficacia” porque la empresa no cuenta con permisos adicionales de funcionamiento, licencias de edificación ni la compatibilidad de uso de suelos necesaria. En esa línea, el funcionario anunció que evaluará estrategias legales y administrativas en conjunto con otras instituciones para garantizar que el trámite de revocación del certificado del EIA continúe.