POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
A inicios de este mes, la Junta de Fiscales Supremos emitió pronunciamiento dirigido al Poder Ejecutivo enfatizando que afrontan déficit de S/ 81 millones en el actual presupuesto, afectando a los subsistemas fiscales como a las áreas de apoyo institucional, amenazando que, ante la falta de recursos, acciones claves como peritajes, operativos contra la minería ilegal, criminalidad organizada, entre otras, serán restringidas o, en algunos casos, suspendidas. En adición, invocaron la aprobación de la escala remunerativa del personal administrativo.
De inmediato, Eduardo Arana respondió que cuentan con más de S/ 80 millones que no ejecutan, cuestionando la demora en implementar la carpeta fiscal electrónica pese a tener S/ 125 millones.
Más allá de las palabras expresadas de uno y otro lado, centrémonos —parafraseando a Portillo Campbell— en el “papelito manda”; es decir, los números. El Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector en materia financiera y presupuestal, a través de la plataforma denominada “Consulta amigable” (gratuita, por cierto, y que permite conocer la ejecución presupuestal a diario de las entidades públicas a nivel nacional), da cuenta que el Pliego 22: Ministerio Público, en el 2021, tuvo asignado S/ 2´624,197,812, y para este año cuenta con cerca de S/ 3 mil millones de PIM; vale decir, incremento por más de S/ 375 millones en 5 años. Cifra nada despreciable.
Así, la genérica “carpeta fiscal electrónica” cuenta con S/ 125,085,396, de los cuales han girado (pagado) solo el 6.2%. Paréntesis muy breve, pero hasta aquí lo expresado por el premier no está alejado de la realidad, ¿verdad?
Sigamos. En la subgenérica “Adquisición de vehículos, mobiliario y otros”, con más de S/ 17 millones, han ejecutado únicamente el 25%, precisándose en la Específica “Adquisición de vehículos”, de S/ 2 millones, el gasto es 0. Sí, CERO.
En cuanto a la escala remunerativa, el 11 de octubre de 2024, el congresista Guido Bellido presentó el proyecto de Ley 9185 que actualiza el sueldo de los trabajadores de esta institución pertenecientes al Decreto Legislativo 728, el mismo que fue aprobado por insistencia en el Pleno con fecha 13 de marzo y, cinco días después, publicado bajo la Ley 32263, estableciéndose que en un mes el MEF efectuaría el estudio actuarial respectivo y, en caso de vencimiento de fecha sin resultado, la Fiscalía remitiría el suyo para análisis y aprobación del MEF. Transcurridos 6 meses de la vigencia de la precitada norma legal, ¿llegó a realizar dicho estudio el Ministerio de Economía y Finanzas? De ser negativa la respuesta, ¿alcanzó su iniciativa el Ministerio Público? Y si lo hicieron, ¿cuál fue la propuesta obtenida?
Más lejos llegó (o eso quiso) la legisladora Isabel Cortéz con el proyecto de Ley 10508, del 13 de marzo pasado, planteando que TODOS los administrativos de esa entidad sean del Decreto Legislativo N.° 728. Afortunadamente, Chabelita no ha tenido eco.
Por su parte, el 22 de julio, la señora Delia Espinoza presentó 2 proyectos de Ley. El primero, relacionado con el incremento salarial del personal CAS (cerca de 10 mil), con la finalidad de equipararlos con sus pares del Decreto Legislativo 728. Y el segundo, referido al otorgamiento de S/ 1,000 como bonificación extraordinaria a los servidores (a excepción de directivos y personal fiscal), por única vez.
De esto último, con cerca de dos meses, ambos proyectos siguen en la tramitología. Urge que la señora Espinoza Valenzuela, con la rapidez que la caracteriza (que no es lo mismo que celeridad) al interponer abanico de denuncias constitucionales en contra de la jefa de Estado y sus ministros (las cuales son posteriormente archivadas de plano por inconstitucionales), ponga énfasis en agilizar las justas demandas reclamadas y postergadas por años de valiosos colaboradores.
En resumen, por los datos revelados, los mismos que prevalecen por encima de cualquier diatriba o verborrea, advertimos que el “guardián de la legalidad” tiene dinero que en algunas partidas no es gastado, exigiendo a su vez incremento del mismo. Señora Delia Espinoza, si esto es una buena gestión, ¿cómo sería una deficiente?