El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso reprogramar para el miércoles 13 de agosto, a las 9:00 a. m., la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por seis meses contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, acusado por presuntos actos de corrupción en los proyectos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”.
La decisión se adoptó luego de que la defensa del exmandatario presentara nueva documentación de elementos de convicción durante la sesión de este viernes 7 de agosto, lo que motivó la suspensión para su revisión. La asistencia de Vizcarra a la próxima diligencia será facultativa.
Según la acusación fiscal, cuando fue gobernador regional de Moquegua, Vizcarra habría recibido S/ 2,3 millones de las empresas ICCGSA y Obrainsa a cambio de favorecerlas en las licitaciones de ambas obras. El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una condena de 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
ASEGURA QUE ASISTIRÁ A AUDIENCIA
A la salida del Poder Judicial, Vizcarra fue recibido por simpatizantes y reiteró que seguirá asistiendo a las audiencias. “Podré seguir la audiencia virtualmente, pero el miércoles nuevamente estaré aquí porque yo siempre doy la cara a la justicia”, dijo.
También respondió sobre el fallo del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 que ordena a una encuestadora no incluirlo en sus fichas técnicas por estar inhabilitado: “Podrá no estar en las encuestas, pero sí en el corazón de la población peruana”.
ABOGADO ESPERA DECISIÓN DE LA CORTE IDH
Su abogado, Alejandro Salas, indicó que esperan que en septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la medida cautelar presentada para suspender la inhabilitación impuesta por el Congreso, lo que permitiría a Vizcarra participar en las elecciones generales de 2026.
El letrado denunció un “abuso de poder” del Parlamento y criticó al Jurado Nacional de Elecciones por retirarlo del padrón de afiliados a partidos políticos, calificando la decisión como “abusiva”.
