POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
UNA OPERADORA QUE PASABA DESAPERCIBIDA
El caso “Corrupción 4×4” sigue destapando componentes clave de una maquinaria de corrupción que se instaló como una flota de empresas en el Gobierno Regional de Moquegua, pero cuyos motores ya rugían en la región Arequipa. Una de las piezas que hasta ahora circulaba desapercibida es Verónica Veliz Yampi, actual jefa del Órgano Encargado de Contrataciones (Logística) de la Subregión Ilo, y operadora clave en la ruta que conectó las contrataciones direccionadas entre ambos gobiernos regionales.
Veliz Yampi trabajó en el Gobierno Regional de Arequipa en 2022, donde laboró con Katherine Gutiérrez Ayala, hermana de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez, y pareja del operador Luis Sanca Umiyauri. Este círculo íntimo está vinculado a una serie de contrataciones direccionadas, principalmente para el alquiler de camionetas, bienes y servicios logísticos, que hoy son parte de una denuncia por presunto delito de colusión agravada.
UNA CONTRATISTA RECURRENTE
La evidencia más contundente del rol de Veliz Yampi en este engranaje aparece en documentos de contratación del Gobierno Regional de Arequipa. Específicamente, la Orden de Servicio N.° 007429 – SIAF 16324, emitida el 2 de diciembre de 2022, aprobada por ella como jefa del área de Adquisiciones, adjudica por S/ 40,820.00 (cuarenta mil ochocientos veinte con 00/100 soles) el alquiler de una autohormigonera a AQSA Asesoría y Construcción SAC, empresa hoy vinculada directamente a Sanca y al escándalo de las 4×4.
Pero eso no fue un hecho aislado. El 27 de septiembre de 2022, en un proceso de selección, Veliz Yampi validó las cotizaciones de tres empresas: AQSA SAC, Servicios Lusal y Nopat Multiservicios, todas relacionadas con el mismo entorno, y otorgó la buena pro a AQSA, pese a que los documentos presentaban inconsistencias legales.
Una de ellas es particularmente grave: en la Carta N.° 056-2022/AQSA, de fecha 30 de noviembre de 2022 figura como firmante Isamar Patty Aquima Sotomayor, presentándose como gerente de la empresa. Sin embargo, según SUNAT, desde mediados de 2022 el representante legal registrado es el ciudadano venezolano Patricio José Alvis Pacheco. Veliz Yampi avaló esa firma dolosa, pese a que tenía responsabilidad directa en verificar la legalidad de los documentos. Ahora ha quedado en evidencia que estos supuestos representantes legales no son más que testaferros de los Sanca Umiyauri, actualmente investigados por el Ministerio Público por su rol central en el esquema de colusión.
El caso de Veliz Yampi merece su propia carpeta fiscal. La validación de firmas dolosas, los antecedentes de Arequipa, la continuidad en Ilo y la repetición del esquema ilegal son demasiado evidentes como para ser tratados como errores administrativos.
Este hecho, por sí solo, constituye no solo una irregularidad grave sino un presunto delito que el Ministerio Público está obligado a investigar y que será un capítulo aparte.
LA RED SE MUDÓ A MOQUEGUA
Una vez más, para muestra basta un botón. El mismo esquema usado en Arequipa se replicó en Moquegua. Las mismas empresas, los mismos cotizadores, la misma jefa de adquisiciones. Verónica Veliz fue contratada estratégicamente en la Subregión Ilo como jefa de Logística, donde las mismas empresas volvieron a ser favorecidas con órdenes de servicio durante la gestión de Gilia Gutiérrez.
El patrón se repite: se valida documentación falsa, se direccionan contratos, se encubren vicios administrativos. Todo apunta a un sistema montado para operar impunemente, con funcionarios que se rotan, pero no se sancionan.
El vínculo de Veliz Yampi con las empresas de Sanca no es una hipótesis, son evidencias, es un hecho documentado. Su participación directa en contrataciones donde se violaron normas básicas de control administrativo y verificación legal la convierte en una pieza clave del engranaje de corrupción.
Además, su paso por Arequipa junto a Katherine Gutiérrez no es una coincidencia. Ambas conocían al proveedor, sabían del vínculo con Sanca, y aun así Veliz Yampi firmó, validó y favoreció con órdenes de servicio sin las verificaciones mínimas que la Ley de Contrataciones del Estado exige.
UNA ESTRUCTURA DE IMPUNIDAD Y RECOMPENSAS
El caso 4×4 no solo revela un sistema de corrupción. Lo más grave es que evidencia un mecanismo activo de obstrucción a la justicia desde la propia gobernación de Moquegua, donde los principales implicados son premiados con cargos públicos, en un intento sistemático por silenciar testimonios, neutralizar procesos penales y proteger a los ´principales imputados de esta red.
Karen Lisset García Pastor, imputada por colusión, fue “removida” de la jefatura de Administración de la Subregión Ilo tras estallar el escándalo. Sin embargo, fue reubicada estratégicamente en la Dirección Regional de la Producción, manteniéndose bajo la protección del entorno de la gobernadora. Este traslado no es fortuito: se le asegura un sueldo público porque su declaración ante la fiscalía sería perjudicial para los principales imputados.
Anastacio Cutipa Choque, implicado directamente en la adulteración del acta de inspección vehicular, fue “premiado” continuando como chofer oficial de la gobernación del GORE Moquegua. Anteriormente fue chofer de la campaña de Gilia Gutiérrez y también conductor de las empresas relacionadas a Luis Sanca. Su nuevo cargo le da acceso directo al entorno de poder, y lo mantiene alejado de eventuales citaciones incómodas.
Carlos Alberto Calderón Salas, quien adulteró información técnica clave de las camionetas contratadas para justificar pagos, sigue ocupando su puesto en la Subgerencia de Equipo Mecánico. No solo no ha sido apartado, sino que su posición le permite seguir manipulando documentación y evitando el escrutinio fiscal, método también utilizado con otros testigos e imputados.
Estos casos son evidencia de un patrón sistemático: funcionarios que podrían convertirse en testigos y colaboradores clave son integrados a la administración regional como mecanismo de protección y control, evitando así que colaboren con la fiscalía o revelen detalles comprometedores. Esto configura una obstrucción clara a la justicia penal, tal como lo establece el Código Penal en su artículo 409-A.
Muchos de estos funcionarios, lejos de ser separados, han sido rotados o protegidos, y algunos ni siquiera han sido citados y otros ni han declarado ante el Ministerio Público pese a las citaciones fiscales, lo que deja entrever una estructura paralela de impunidad activa.
EVIDENCIA DE OFRECIMIENTO ENCUBIERTO A TESTIGO
El patrón de impunidad y manipulación no solo se expresa con cargos y rotaciones. Un nuevo elemento revela cómo la estructura de poder intenta mantener activos a sus operadores y al mismo tiempo condicionar el silencio de los testigos e imputados.
En un audio que accedió La Prensa Regional, se escucha a la funcionaria del área de Logística de la Subregión Ilo —según nuestra fuente – Verónica Veliz Yampi, contactando directamente a un testigo del caso 4×4 tres días antes de su declaración ante la fiscalía, El objetivo: condicionarlo para no declarar y decir la verdad de los hechos ante el Ministerio Publico.
Esta es parte del audio:
- Funcionaria: “¿Qué tal señor? Lo estoy buscando. Un favor… tengo un requerimiento de una camioneta… ¿tienes camionetas disponibles?”
- Testigo: “Sí, ayer algo me comentó…” […]
- Funcionaria: “Es urgente. Necesito una camioneta para supervisión… ¿no tiene usted otra persona?”
- Testigo: “Ayer le devolví la llamada a Jaimito… y ya le dije.”
- Funcionaria: “¿No conoce alguien de confianza? Para poder trabajar… no sé dónde conseguir camionetas.” […]
Este contacto es sumamente delicado. No solo se trata de la funcionaria que validó procesos irregulares en Arequipa y luego en Ilo, sino que se comprueba que continúa gestionando nuevas contrataciones de manera personal. Peor aún, lo hace directamente con un testigo clave, lo que evidenciaría una forma de presión o condicionamiento, y dicho ofrecimiento de contratación constituiría un acto de obstrucción a la justicia en curso.
¿Es habitual que una jefa de Logística contacte personalmente a particulares para solicitar el alquiler urgente de camionetas?
¿Es legal —o mínimamente ético— que desde una entidad pública como la Subregión Ilo se priorice contratar a “personas de confianza”, como lo admite sin reparo la propia funcionaria en la grabación?
¿Desde cuándo las contrataciones estatales se rigen por vínculos personales en lugar de procesos formales, concursos y transparencia?
En este camino sinuoso del caso Corrupción 4×4, cada nombramiento, cada rotación, cada contrato ofrecido a los implicados es un acto deliberado de interferencia en una investigación penal en curso. ¿Hará algo al respecto el Ministerio Público?
