El director regional de Energía y Minas, Richard Benavente, lanzó una fuerte crítica al Ejecutivo por la manera en que se viene manejando el proceso de formalización minera en el país. Indicó que las nuevas disposiciones del gobierno, en lugar de fortalecer el trabajo de las regiones, están “recentralizando” las decisiones y competencias en Lima, debilitando la capacidad operativa de las Direcciones Regionales de Energía y Minas.
Benavente expresó su rechazo a las declaraciones de la presidenta y del ministro del sector, señalando que contienen “medias verdades” y que generan confusión. “La minería ilegal no debe ser formalizada, debe ser erradicada. Lo que debe formalizarse es la minería informal, que puede adecuarse al marco legal. Confundir estos conceptos es peligroso y daña los esfuerzos serios de formalización”, advirtió.
Asimismo, criticó la falta de voluntad política para ejecutar lo prometido. Pese a que la Ley N.º 32203 fue aprobada en diciembre de 2024, su reglamentación recién se emitió en mayo de este año, superando ampliamente el plazo establecido. “¿Dónde está la eficiencia del Ejecutivo?”, cuestionó. Además, denunció que hasta la fecha no se ha realizado el proceso de transferencia de documentación a Lima ni se ha brindado capacitación técnica efectiva a las regiones, como se anunció.
Uno de los puntos más delicados, según Benavente, es la modificación del artículo 59 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, lo que reduce las competencias de las direcciones regionales en materia de pequeña minería y minería artesanal. “Nos están convirtiendo en simples mesas de partes del Ministerio. Es una recentralización encubierta que no se ha dicho claramente”, declaró.
SOBRE PARO MINERO
El funcionario también se refirió al paro minero que se desarrolla en una región vecina, indicando que responde a la exclusión de más de 1,500 mineros del proceso de formalización. “Se les está ninguneando. Esta protesta es legítima, siempre que se mantenga pacífica, como lo garantiza la Constitución”, afirmó.
Benavente reiteró que las regiones son las que mejor conocen la realidad del pequeño minero, y que decisiones tomadas desde Lima, sin conocimiento del territorio, sólo agravan los conflictos. “El problema de fondo es que se ha roto la coordinación entre el gobierno central y las regiones. Y eso lo están pagando los mineros más vulnerables”, concluyó.
