¿Qué papel cumplen las fiscalías ambientales en la lucha contra la minería ilegal?

Perseguimos los delitos de minería ilegal. Hacemos, por ejemplo, interdicciones: destrucción de maquinaria, dragas, tracas (explosivos), retroexcavadoras.

¿Cuán efectivas han sido las interdicciones?

El número de maquinaria que existe solo en Puerto Maldonado, por ejemplo, es muy alto. En La Pampa, en Delta 1, habría cerca de 5,000 dragas y tracas, cada una con su respectiva máquina de lavado. Incluso tienen puentes; casi 700 máquinas entre cargadores, retroexcavadoras y camiones. Las interdicciones ayudan. Se destruyen diez maquinarias por operativo, pero la minería ilegal, con el poder adquisitivo que tiene y el alto valor del oro hoy en día, vuelve a adquirir estos equipos. Por eso creo que, si bien las interdicciones avanzan, no son la única solución.

Entonces, ¿qué tipo de estrategias considera para atacar la estructura detrás de la minería ilegal?

Establecer quién está detrás de estas organizaciones dedicadas a la minería ilegal, porque esas maquinarias tienen un valor económico importante. Es relevante contar con un trabajo de inteligencia operativa, hacer una búsqueda que nos lleve hacia ellos. Si solo intervenimos a los que están al lado de una máquina, capturamos al peón. Esa es la parte que falta. A partir de allí se podría empezar a hacer un trabajo serio.

¿Cómo debería responder el Estado?

Se requiere mayor presencia estatal. La mano de obra de esos criminales suele ser gente de las comunidades nativas, captadas por falta de acceso y apoyo del Gobierno: salud, colegios, y que el Estado les dé lo que los mineros ilegales les están dando. En Puno, por ejemplo, tenemos la zona de La Rinconada, un espacio muy complicado, prácticamente liberado. Hay más o menos 2,000 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que generan muchas disputas: mineros ilegales, informales y organizaciones criminales que cobran cupos, extorsionan y dan seguridad.

¿Cómo quiénes?

Están los “padrinos” o “primos”, que dicen: dos días trabajas para mí (en los socavones) y el resto de los días trabajas para ti. Estas modalidades se ven en La Rinconada y también en Sandia y Carabaya (ceja de selva), donde hay mucha minería sin control. También en Madre de Dios (La Pampa), Amazonas (Condorcanqui, El Tambo), Loreto (Quito), Arequipa (Caravelí), La Libertad (Pataz), Chumbivilcas (Cusco) y Ayacucho (Puquio).

¿Cree que este avance de la minería ilegal podría perturbar las próximas elecciones?

Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas.

¿Ve alguna señal que dé esperanzas de que el país podrá enfrentar con éxito la minería ilegal?

El gran problema y la gran esperanza es que hoy este fenómeno ha sido visibilizado. Ya nadie puede decir “no sabía”. Esto tiene que empezar a discutirse con seriedad. La población ya está sensibilizada. Y ahora que vienen las elecciones, los candidatos —diputados, senadores, presidenciales— deben plantear soluciones claras sobre esta situación. Debería ser un punto imprescindible en el debate de las campañas.

¿Qué opinión tiene sobre el Reinfo? ¿Coincide en que se ha convertido en un escudo para operar ilegalmente?

Absolutamente. Desde el 2012, menos del 2 % se ha formalizado. Actualmente, hay más de 80,000 Reinfo, de los cuales 60,000 están suspendidos. Pero estar suspendido no les impide operar. Y la norma —el Decreto Legislativo 1351, con una disposición complementaria final— dice que basta con tener el Reinfo para estar exonerado de delitos. Es una exención de responsabilidad. Nos hemos opuesto a que se siga prorrogando. En Pataz se excluyeron los Reinfo suspendidos, pero solo en ese distrito. ¿Por qué no hacerlo a nivel nacional?

Usted ha dicho que las fiscalías ambientales no cuentan con recursos. ¿Qué necesita la Fiscalía para actuar con eficacia?

Necesitamos camionetas 4×4 para la sierra; deslizadores y chalupas para la selva; chalecos antibalas, ropa adecuada, botas con punta de acero, linternas, videocámaras, chalecos salvavidas, cuchillos de supervivencia, machetes, carpas y bolsas de dormir. Pero el presupuesto para este año ha sido cero. Para Pataz sí se abrió presupuesto, pero solo después de la tragedia.

Con ese presupuesto limitado, ¿qué acciones están realizando actualmente desde FEMA?

Se han redoblado esfuerzos con la Policía y el Ejército, sobre todo en interdicciones, siempre con presencia de fiscales FEMA. También se están retomando algunos controles, pero el trabajo real que se necesita es otro: inteligencia operativa, presencia sostenida en el territorio y cambios legislativos. Si solo nos quedamos en las interdicciones, no llegamos muy lejos.