El expresidente Martín Vizcarra advirtió que una eventual exclusión de su participación en las Elecciones Generales de 2026 podría generar una reacción masiva de respaldo a su favor en distintas regiones del país.
“Estoy seguro que ahí sí habría un levantamiento de mucha gente. En todo el Perú, que estoy recorriendo, hay un respaldo muy grande a una opción presidencial, como es la de Martín Vizcarra”, afirmó el exmandatario aludiendo a un supuesto respaldo popular que, según sostiene, persiste a pesar de haber sido inhabilitado en tres ocasiones por el Congreso.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que se desaten nuevas protestas en un país que ya ha registrado víctimas mortales, el exjefe de Estado advirtió: “Por eso es que se tiene que ser bien consciente de que estas decisiones que toma el Congreso pueden llevarnos a un enfrentamiento social de graves consecuencias. Lo que yo quiero es defender la democracia. Quiero que la población defina”.
Estas declaraciones de Vizcarra Cornejo generaron una andanada de críticas desde diversos sectores políticos. Una de las respuestas más categóricas provino del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien expresó: “La política no está para fomentar la violencia y pedir que el pueblo te siga en una actitud violenta contra la sociedad y contra el Estado de Derecho”.
García Belaúnde advirtió sobre las posibles implicancias legales si el exmandatario lleva sus declaraciones al terreno de los hechos. “Si convierte su palabra violenta en un hecho violento, podría enfrentar consecuencias legales”, sostuvo el acciopopulista, aludiendo al antecedente de Antauro Humala, condenado por encabezar una insurrección armada en 2005.
Pese a los cuestionamientos políticos, las inhabilitaciones impuestas por el Congreso y las investigaciones fiscales que aún pesan sobre él, Martín Vizcarra reafirma su intención de postular a la presidencia en 2026. El exmandatario enfrenta graves acusaciones: el Ministerio Público lo sindica como receptor de más de 2 millones de soles en presuntos sobornos durante su periodo como gobernador regional de Moquegua, en los polémicos casos Lomas de Ilo y Hospital Regional.
