El juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por el presunto cobro de coimas en las obras Lomas de Ilo y Ampliación del Hospital de Moquegua volvió a postergarse este lunes 16 de junio, en lo que la fiscalía ha calificado como parte de una estrategia “dilatoria” de la defensa.

La audiencia no pudo desarrollarse debido a la inasistencia de Herbert David Jara Morales, perito contable propuesto por el propio Vizcarra, quien debía declarar de forma presencial ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que había dispuesto esa modalidad por la complejidad técnica de su testimonio.

Se trata del último testigo de la defensa antes de pasar a la etapa de análisis de pruebas documentales y la fase final del juicio, en la que el tribunal deberá emitir una sentencia absolutoria o condenatoria. La nueva demora hace prácticamente inviable que el proceso concluya antes del próximo 4 de julio, fecha en la que vence la única medida restrictiva que pesa sobre Vizcarra: el impedimento de salida del país.

Herbert Jara presentó con anticipación un escrito solicitando la reprogramación de su citación alegando problemas de salud. Adjuntó una constancia de cita médica al día siguiente, además de un cronograma de exámenes urgentes fijados para el mismo lunes.

Tras deliberar, el tribunal presidido por la jueza Fernanda Ayasta aceptó reprogramar su testimonio para el lunes 23 de junio, aunque advirtió que si vuelve a ausentarse se prescindirá definitivamente de su declaración.

Durante la audiencia estuvieron presentes el fiscal adjunto Osías Castañeda, la procuradora Karen Eléspuru, el expresidente Martín Vizcarra y su abogado Erwin Siccha. Todos esperaban la declaración del perito, considerada crucial por la defensa.

El fiscal Castañeda se opuso a reprogramar la audiencia, señalando que no es la primera vez que se presentan ausencias por parte de testigos propuestos por la defensa. “Este tipo de situaciones no son casuales”, sostuvo, reiterando que desde el inicio se solicitó una audiencia presencial por la complejidad de la pericia. La Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato respaldó esta postura.

Por su parte, la defensa negó que exista una estrategia dilatoria y aseguró que esta es solo la segunda reprogramación por razones médicas.

El Ministerio Público acusa a Martín Vizcarra de haber recibido S/ 2.3 millones (dos millones trescientos mil soles) de las constructoras peruanas Obrainsa e ICCGSA, a cambio de la adjudicación de las mencionadas obras públicas cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. Vizcarra niega categóricamente la imputación. El juicio se inició el 28 de octubre de 2024.