La Corte Superior de Justicia de Moquegua dictó sentencia en primera instancia dentro del Expediente N.° 00307-2014, en el proceso seguido por el delito de colusión y lavado de activos contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Torata, Ángel Manuel Hurtado Jiménez, funcionarios de su gestión (2011–2014), y representantes de las empresas proveedoras JJZAA E.I.R.L. y GALYS E.I.R.L.
El caso fue investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Primer Despacho, que acreditó una estructura concertada para direccionar 226 contrataciones municipales en favor de proveedores allegados.
CONCERTARON PARA ROBAR
Los funcionarios y proveedores concertaron para apropiarse de recursos municipales. El Ministerio Público imputó que entre los años 2012, 2013 y 2014, el entonces alcalde Ángel Hurtado Jiménez junto a sus subgerentes de Logística David Edgar De la Torre Mendoza, Indira Katiuska Gutiérrez Quispe, Julio Jorge Pinto Zapata y Joel Nazario Faver Zapata, además de los cotizadores Manuel Ángel Choque Vilca, Margarita Ignacio Flores Bermejo, Felícitas Milagros Quispe Coronel, Jonathan Edson Colana Colque y Liliana Marina Cacallica Romero, concertaron ilícitamente con los proveedores Juan Zaa Puma, Julio César García Silva y Lidya Sandina Claudia Aquise Romero.
Las contrataciones, que sumaron 226 procesos de adquisición directa de menor cuantía, se realizaron para favorecer a las empresas JJZAA EIRL y GALYS EIRL, ambas vinculadas a familiares y allegados del círculo de confianza del propio alcalde. Según la sentencia, este grupo se apropió de S/ 870,982.55 con JJZAA y S/ 84,150.70 con GALYS, totalizando más de S/ 955 mil en perjuicio de la municipalidad de Torata.
SENTENCIA: CONDENAS, INHABILITACIONES Y ARCHIVO PARCIAL
Tras la evaluación judicial, el Poder Judicial resolvió lo siguiente:
Por mayoría, se declaró infundada la prescripción solicitada por la defensa de Margarita Ignacio Flores Bermejo, quien alegaba extinción de la acción penal por colusión simpe.
Se absolvió a Julio César García Silva y Juan Zaa Puma del delito de lavado de activos, previsto en el Decreto Legislativo 1106. En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de estas imputaciones, así como la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales, y de cualquier medida coercitiva personal o real impuesta por dicho delito.
Se declaró responsables por colusión simple (art. 384 del Código Penal – Ley 29758), en agravio del Estado peruano representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a los siguientes:
Como autores:
- Ángel Manuel Hurtado Jiménez
- David Edgar De la Torre Mendoza
- Indira Katiuska Gutiérrez Quispe
- Julio Jorge Pinto Zapata
- Joel Nazario Faver Zapata
- Manuel Ángel Choque Vilca
- Margarita Ignacio Flores Bermejo
- Felícitas Milagros Quispe Coronel
- Jonathan Edson Colana Colque
- Liliana Marina Cacallica Romero
Como cómplices:
- Julio César García Silva
- Juan Zaa Puma
- Lidya Sandina Claudia Aquise Romero
PENAS IMPUESTAS
Se impusieron las siguientes penas privativas de libertad: Cinco años de prisión a: Indira Gutiérrez, Julio Pinto, Joel Faver, Manuel Choque, Margarita Flores, Felícitas Quispe, Jonathan Colana, Liliana Cacallica, Juan Zaa y Lidya Aquise.
Cuatro años de prisión a: Ángel Hurtado, David De la Torre y Julio García Silva.
Las penas se ejecutarán una vez consentida o confirmada la sentencia por la Sala de Apelaciones.
INHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CIVIL
El fallo también dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena principal, incluso si provienen de elección popular. Esta medida alcanza a los 13 sentenciados, incluyendo a los exfuncionarios y proveedores implicados.
Finalmente, se fijó una reparación civil de S/ 65,000.00, que deberá ser abonada solidariamente por todos los condenados a favor de la entidad agraviada: la Municipalidad Distrital de Torata.
