El Gobierno Regional de Moquegua (GORE Moquegua) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunciaron recientemente la inclusión de cinco represas al listado de Proyectos Emblemáticos del Sector Agrario y de Riego, otorgándoles prioridad nacional. Y aunque fue un anuncio muy esperado, resultó tardío para los años de postergación en infraestructura hídrica que tienen estos proyectos para Moquegua.
Las obras de las represas de Paltuture, Chilota, Coralaque, Cuturi y Tambillo permitirán almacenar más de 200 millones de metros cúbicos de agua, fundamentales para asegurar el abastecimiento humano, incrementar la frontera agrícola y mejorar la productividad regional. La iniciativa, sin embargo, no nace del liderazgo de las autoridades moqueguana, sino del Comité Técnico Hídrico Regional y el respaldo de la sociedad civil.
Y es que Moquegua carga con una deuda histórica en la gestión del agua. Al centro de esa deuda está el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), que se ha convertido en sinónimo de promesas incumplidas y clientelismo político.
PROMESAS VACÍAS
Constituido en 1987, el PERPG nació para dotar a la región de infraestructura hídrica que potencie su agricultura, garantice agua potable y apoye el desarrollo económico. Sobre el papel, era un proyecto transformador. En la práctica, su ejecución ha sido errática.
La represa Pasto Grande fue una de las pocas obras que se terminó y que aún abastece a algunos distritos. Pero ese logro se ha visto opacado por una larga cadena de proyectos inconclusos, licitaciones frustradas y millones de soles gastados sin un impacto real.
Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2025 el PERPG tiene más de S/ 33 millones asignados en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Entre 2009 y 2024, el total transferido supera los S/ 707 millones, de los cuales S/ 135 millones quedaron sin ejecutar.
Al examinar detalladamente los gastos en la construcción de infraestructura, se revelan datos impactantes:
- S/ 102 millones en obras por contrata
- S/ 100 millones en personal
- S/ 120 millones en bienes
- S/ 34 millones en servicios
Y, sin embargo, las 1,700 hectáreas de Lomas de Ilo siguen sin riego. No hay agroexportación ni productividad. Solo pequeñas parcelas con alfalfa, un cultivo de bajo rendimiento y sistemas hidráulicos ineficientes.
Lejos de funcionar como un proyecto con metas y un horizonte de cierre, el PERPG se volvió una entidad permanente. Su duración indefinida ha facilitado la politización y debilitado la gestión técnica.
Mientras el PERPG se presenta ante el MEF como “dinámico, innovador y líder en gestión de recursos hídricos”, los hechos narran otra historia: burocracia, gasto sin resultados y una población agrícola abandonada a su suerte.
Casos como Chilota-Chincune o las centrales hidroeléctricas Moquegua 1 y 3 son señalados por técnicos y ciudadanos como símbolos del derroche sin planificación: inversiones millonarias sin impacto tangible. El propio exgerente del proyecto, Johan Vílchez, lo dijo sin rodeos: mientras el PERPG no se libere del control político, no habrá futuro.
LA (MALA) POLÍTICA EN ACCIÓN
Cada proceso electoral ha traído consigo una rotación de funcionarios, muchas veces sin experiencia en gestión hídrica. Técnicos desplazados por políticos y decisiones técnicas subordinadas a intereses partidarios.
El caso de la represa Paltuture lo ilustra con crudeza: un conflicto entre Moquegua y Puno, gestionado con torpeza, paralizó el proyecto con una medida cautelar. El resultado: una población y agricultores sin agua. ¿Y los responsables?
En 2015 se anunciaron S/ 250 millones en inversiones hídricas. Hoy, buena parte de esos recursos yace en informes técnicos sin utilidad o consultorías de nulo impacto. Mientras tanto, los campos de Moquegua se secan y los agricultores agonizan.
A ello se suma el deterioro ambiental: los ríos Coralaque y Tambo llevan años contaminados con metales pesados como arsénico, hierro y boro. La tierra se degrada. Las personas y las oportunidades, también.
LOS ÚLTIMOS DE LA FILA
Mientras Moquegua sigue esperando, otras regiones concretan avances reales. Chavimochic III, en La Libertad, busca irrigar 48 mil hectáreas; Majes Siguas II, en Arequipa, aprovechará el caudal del río Siguas para cubrir 40 mil; Ica ya transformó más de 170 mil hectáreas de desierto en campos productivos; y el Alto Piura apunta a asegurar el riego de más de 170 mil hectáreas.
Y Tacna, nuestros vecinos, pese a las tensiones socioambientales que afronta, impulsa proyectos como Vilavilani y la represa Calientes. En contraste, Moquegua —con más de 700 millones invertidos en Pasto Grande— no logra siquiera habilitar 2 mil hectáreas de cultivo.
Las protestas de diciembre de 2024 no fueron un desahogo pasajero. Fueron el grito de una región harta de la inacción. Los moqueguanos exigían respuestas ante la falta de agua.
El estado de emergencia posterior fue apenas un parche. Las promesas de descontaminación siguen empantanadas en trámites y reuniones burocráticas que no conducen a nada.
¿REFUNDAR O DESAPARECER?
El PERPG, tal como opera hoy, ha perdido legitimidad. Moquegua necesita un modelo renovado, técnico, eficiente. Una gerencia de recursos hídricos que piense en resultados, no en jugar a la política.
Se requiere cortar con la lógica del clientelismo, auditar los gastos y establecer metas públicas claras: culminar represas, recuperar ríos e irrigar tierras. Nada menos. Y, sobre todo, debe fortalecerse la vigilancia ciudadana, porque la desidia institucional no se corrige sola y la confianza no se gana mediante el discurso vacío.
Celebrar las nuevas represas está bien. Pero tampoco debemos olvidar las décadas de abandono que pesan sobre el historial del PERPG.
El agua no espera. Moquegua, tampoco.
