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5 mayo, 2025 1:40 am

Masacre en Pataz: asesinan a 13 trabajadores secuestrados

La masacre ocurrió pese al estado de emergencia en la zona. Poderosa responsabiliza al Ejecutivo, Congreso y autoridades por permitir que bandas criminales controlen territorios mineros.

Trece víctimas en territorio sin ley: un desenlace trágico tuvo el secuestro de trece trabajadores del sector minero en la provincia de Pataz, región La Libertad. Este domingo 4 de mayo, fueron hallados los cuerpos sin vida de todos ellos. Según se conoció, los responsables del crimen serían mineros ilegales vinculados a bandas criminales que operan en la zona.

Las víctimas brindaban servicios a un minero artesanal con quien la empresa minera Poderosa “mantiene un contrato de explotación”. Según indicó la compañía, los delincuentes atacaron previamente la operación del minero artesanal con el objetivo de tomar el control de la misma.

EXIGÍAN RESCATE ANTES DE MATARLOS

RPP informó el pasado martes sobre el caso, luego de que familiares reportaran que habían perdido comunicación con los trabajadores mientras laboraban en un socavón. Todos ellos pertenecían a la empresa R&R.

Posteriormente, se conoció que los secuestradores exigían una fuerte suma de dinero a cambio de la liberación de los trabajadores. Finalmente, los cuerpos fueron encontrados maniatados, vendados, desnudos y ejecutados con un disparo en el cuello.

Poderosa denuncia que ya van 39 muertos en Pataz por culpa de bandas criminales.

PODEROSA DENUNCIA EL ABANDONO DEL ESTADO

A través de un comunicado difundido el domingo, la empresa minera Poderosa lamentó el asesinato de las 13 personas “que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal”, y recordó que ya suman “39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades”.

La minera responsabilizó directamente al Estado por permitir esta situación:

“La espiral de violencia descontrolada continúa pese a la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”.

Poderosa advirtió que: “No será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georreferenciada”.

“La policía no ingresa a las bocaminas ilegales pese a que están plenamente georreferenciadas”, advierte la empresa.

La empresa también señaló: “Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción”.

Además, arremetió contra el Legislativo: “Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”.

TRABAJADORES IDENTIFICADOS

Hasta el momento, al menos ocho de las trece víctimas han sido identificadas: Nilver Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Frank Jesús Monzón Valeriano. Jhon Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva, Darwin Javier Coveñas Panta.

Análisis & Opinión