POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
Una nueva historia de impunidad emerge desde el Gobierno Regional de Moquegua.
Una historia donde los contratos se adjudican sin competencia real, los servicios no se ejecutan conforme a lo pactado y los pagos se concretan como si nada hubiese pasado.
Todo comenzó el 31 de marzo de 2023, cuando la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Moquegua emitió la Orden de Servicio N.º 1415, adjudicando al proveedor Julio Failoc Rivas la ejecución de una consultoría para evaluar los 100 primeros días de gestión de la administración de Gilia Gutiérrez Ayala. El monto del servicio fue pactado en S/ 10,000 soles, un 42.8 % más caro que el valor histórico de servicios similares previamente contratados por la entidad.
Según los Términos de Referencia (TDR), el proveedor debía revisar los informes elaborados por funcionarios y gerentes regionales, y desarrollar dos talleres para socializar los resultados. El plazo para culminar el servicio era de 15 días calendario contados a partir del 1 de abril, es decir, debía entregarse a más tardar el 15 de abril de 2023.
NO SE APLICÓ PENALIDAD
Sin embargo, el proveedor incumplió: recién presentó su carta de culminación del servicio el 24 de abril de 2023, nueve días después del vencimiento del plazo. A pesar de ello, la administración regional, encabezada por el jefe de la Oficina Regional de Administración, CPC Edilberto Wilfredo Saira Quispe, otorgó la conformidad del servicio mediante el Memorándum N.º 0756-2023, como si todo hubiera sido cumplido a cabalidad. Y, lo más grave, sin aplicar la penalidad correspondiente que establece la normativa administrativa en casos de incumplimiento de plazos.
ADJUDICACIÓN SIN CUADRO COMPARATIVO
La irregularidad no queda allí. El proceso de contratación presenta serias deficiencias de transparencia y legalidad. Aunque se consigna en el expediente que se enviaron invitaciones a varios correos electrónicos, no existe prueba documental de tales invitaciones. No hay correos, no hay capturas de pantalla, no hay acta de invitación: solo una declaración informal inserta en el cálculo de valor referencial. Tampoco se elaboró el obligatorio cuadro comparativo de ofertas.
Una adjudicación por descarte, sin competencia, sin transparencia y a un precio inflado.
TDR A LA MEDIDA DEL PROVEEDOR
El expediente revela además que los Términos de Referencia del servicio eran deliberadamente vagos. No exigían entregables específicos ni estándares de calidad verificables. No pedían informes técnicos detallados ni memorias de los talleres que debían realizarse. Tampoco establecían medios objetivos para verificar la efectiva ejecución del servicio.
Así, cuando el proveedor presentó su «informe final», solo relató de forma genérica que había revisado informes y realizado talleres. Indicó tres fechas supuestas —06, 12 y 15 de abril de 2023— en las que habrían ocurrido los talleres, pero sin adjuntar lista de participantes, actas, registros fotográficos ni documentos de respaldo.
Ni un solo nombre de funcionario asistente. Ni un solo informe revisado. Nada.
Un servicio pagado en base a afirmaciones verbales y papeles vacíos.
GOBERNADORA REGIONAL OMITIÓ SUPERVISAR CONTRATACIÓN
Cuando se revisa el expediente de contratación, aparece la Resolución Ejecutiva Regional N.º 565-2022 adjunta al requerimiento inicial del servicio. Esta resolución, firmada meses antes por Gilia Gutiérrez Ayala, delegaba facultades al jefe de Administración para realizar requerimientos y otorgar conformidades de servicios y bienes para Gobernación.
No fue el proveedor quien anexó la resolución: fue el propio jefe administrativo quien la utilizó para respaldar su actuar.
Esta jugada administrativa no salva nada. Delegar funciones no exime a Gilia Gutiérrez de su deber de supervisar y controlar. Muy por el contrario: su silencio, su inacción, su tolerancia a un contrato viciado desde el inicio, la comprometen directamente.
El caso encierra indicios sólidos de colusión agravada, negociación incompatible y omisión de actos funcionales. No solo por parte del proveedor, sino también de los funcionarios que validaron la contratación y el pago.
¿Quién controla en Moquegua? ¿Quién fiscaliza a una gobernadora que en campaña prometió «transparencia y eficiencia»?
Este no es un error administrativo: es un esquema clásico de captura de recursos públicos disfrazado de procedimiento regular.
Hasta ahora, todo indica que la historia de siempre se vuelve a repetir. Con otros nombres, otras firmas, pero con la misma desvergüenza.
