POR: MAG. ÁLVARO MADUEÑO CASANI
La encuesta del INEI revela una crisis de confianza en cuatro instituciones clave del sistema de justicia y protección ciudadana en Arequipa.
En la Policía Nacional del Perú, el 85.3% de la población expresa desconfianza; en el Poder Judicial, el 83.4%; en el Ministerio Público – Fiscalía, el 78.3%; y en la Defensoría del Pueblo, el 69.8%. En promedio, un 79% de los ciudadanos declara no confiar o confiar poco en estas instituciones.
Solo un 1% confía bastante y un 11% las considera suficientemente confiables. El nivel de desconocimiento o indiferencia (no sabe) también es elevado, especialmente respecto a la Defensoría del Pueblo (16.6%) y la Fiscalía (11.4%).
Esta percepción ciudadana evidencia que la población se siente desprotegida o insatisfecha con el desempeño institucional. El hecho de que 8 de cada 10 arequipeños no confíen en las entidades encargadas de protegerlos, administrar justicia o defender sus derechos constituye una alarma democrática y social.
Estas cifras reflejan una fractura entre el Estado y la ciudadanía, donde la justicia deja de ser vista como un mecanismo de equidad o respaldo ante la inseguridad y el abuso. Esta desconfianza masiva podría derivar en: Menor denuncia de delitos. Mayor informalidad jurídica o autodefensa. Desinterés por participar en procesos públicos, como elecciones o audiencias. Mayor vulnerabilidad de los sectores más pobres que no acceden a abogados privados ni a redes de poder.
