POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZÁLES
Hace unas semanas, el Ministerio de Justicia convocó a una consulta ciudadana para que los expertos y los ciudadanos opinen si se debe o no aplicar la pena de muerte para los violadores sexuales de los niños y niñas. En esta audiencia, todas las autoridades presentes —desde el representante del Ministerio Público, del Poder Judicial, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el Gobierno Regional— coincidimos en que es un absurdo e imposible jurídico constitucionalmente, porque el Estado promueve y defiende el derecho a la vida y, a nivel internacional, porque somos parte del sistema interamericano de derechos humanos y no se puede aplicar la pena de muerte.
Sin embargo, ese evento ha servido para analizar el verdadero problema, el cual no debería estar centrado en si matamos o no al violador sexual, sino en la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de maltrato infantil desde la familia, el colegio y en muchos espacios, conforme los datos existentes lo muestran, y respecto de los cuales no decimos nada, y cuyos casos aumentan cada año mucho más.
El Ministerio Público ha sacado un informe denominado “Caracterización de la violación sexual de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años”, y dicho informe elabora un análisis de los violadores sexuales de niños según procesos judiciales y refiere que el lugar de ocurrencia de la violación es: la vivienda de ambos cónyuges con un 32%, la vivienda del condenado es 18%. Además, la violación a las niñas o niños no ocurre de manera inmediata, ya que el 58.7% indica que las niñas son manipuladas mediante engaños, mentiras y diversas formas de chantaje, y que el vínculo familiar es consanguíneo o por afinidad en un 49%, donde el victimario es el padrastro o tío.
Estos datos nos muestran que el violador sexual y de los derechos del niño se encuentra en la familia. Y estoy seguro de que esta niña violada sexualmente le dijo a su mamá: “me están ofreciendo regalos, me están tocando”, y a esta niña no la escucharon, o lo que es peor, sí la escucharon, pero no le creyeron. Entonces, la pregunta es: ¿por qué en la familia no escuchamos a los niños y niñas? ¿Por qué no les creemos? Un niño no miente, a no ser que sea manipulado.
El Centro de Planificación Estratégica, conocido como CEPLAN, refiere que los casos de violaciones a los derechos del niño y adolescente van en aumento. En el 2015 había solo 124 casos y al 2023 hay 419 casos. Estos casos han sido obtenidos de los Centros de Emergencia Mujer, porque detrás de una madre y mujer violentada, siempre hay un niño, niña y adolescente víctima de violencia. ¿O sea, es más importante si se mata a un violador, cuando todos los días se matan los derechos del niño y nadie los escucha?
El Ministerio de Educación cuenta con el sistema SISEVE para registrar violaciones a los derechos de los niños, pero este solo recopila datos sin dar seguimiento. La Ley 29719 establece que el CONEI debe vigilar estos casos y llevar un registro de incidencias junto con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) con las acciones tomadas, pero ¿existirá este registro?
El acoso estudiantil aún persiste en las escuelas, donde muchos docentes lo minimizan y los directores priorizan obras de infraestructura en lugar de prevenir la violencia. Esto es parte de la sociedad hipócrita que desvía la responsabilidad de las violaciones a los derechos del niño con la consulta promovida por la actual presidenta Dina Boluarte, la cual es una medida populista que intenta mejorar su imagen.
Tenemos una tarea: limpiar dicha hipocresía de nuestra sociedad adultocéntrica, donde los adultos usan el poder para violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes o silenciar sus voces. Necesitamos reconocer y escucharlos; de lo contrario, esta indiferencia lo que promueve es la perpetuación de la violencia.
