La resolución por la que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó en la madrugada de este miércoles 10 de octubre el arresto de Keiko Fujimori y de otras 19 personas se basó en un documento, la Disposición Fiscal Nº 72, que reúne una prolija investigación de varios meses. Aquí, los detalles.
Fue una operación llevada con máximo secreto en un medio adicto a las filtraciones. De acuerdo con lo que IDL-Reporteros ha podido averiguar, las deliberaciones que llevaron a las órdenes de detención preliminar de Keiko Fujimori y otras diecinueve personas tuvieron un grupo muy pequeño de participantes: el propio juez Richard Concepción Carhuancho; el fiscal superior Rafael Vela y el fiscal encargado de la investigación, José Domingo Pérez, además de unos pocos fiscales de confianza que trabajan con este.
El secreto se manejó con tanto cuidado operativo, que los dos fiscales principales programaron cortos viajes ese día. Rafael Vela fue al aeropuerto para salir a Iquitos y José Domingo Pérez viajó a Ciudad de México, invitado, según información confiable de IDL-Reporteros, por el gobierno Federal de ese país a dictar una conferencia sobre la lucha anti-corrupción.
Los jefes policiales a cargo de efectuar las detenciones fueron notificados poco tiempo antes de llevar a cabo la medida. En el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, supo lo que pasaba a través de los medios de comunicación. No está claro cómo reaccionó, pero cuando el fiscal Rafael Vela canceló su vuelo a Iquitos (por razones personales) fue convocado de urgencia por Chávarry a su despacho. Fue tal la premura que Vela llegó vestido con el buzo deportivo con el que iba a viajar.
A tenor de lo que IDL-Reporteros ha podido averiguar, la conversación entre Pedro Chávarry y Rafael Vela fue más bien sosegada. Con calma (quizá con resignación), Chávarry le dijo a Vela que él había confiado siempre en la capacidad profesional del equipo de fiscales anti-corrupción liderados por este, desde antes de nombrarlos al cargo. Escuchó las someras explicaciones de Vela y lo despidió luego con tranquilidad. No hubo censuras ni recriminaciones.
¿Sobre qué base emitió el juez Concepción Carhuancho las resoluciones de detención preventiva? IDL-Reporteros ha conseguido el documento fiscal que resultó determinante para la decisión del juez.
Se trata de la Disposición Nº 72, del 3 de setiembre de este año suscrita por el fiscal José Domingo Pérez Gómez sobre el “Caso SGF 506015704-2017-55-0”, para la “Ampliación de Diligencias Preliminares”.
Es un documento de 67 páginas de apretada redacción factual, que muestra y analiza los hechos declarados, los encontrados y los contradictorios sobre la financiación de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
El ámbito de los hechos declarados está en la primera parte del documento. Ahí resalta la contradicción entre las confesiones realizadas por los principales ejecutivos de Odebrecht – Marcelo Odebrecht y Jorge Barata principalmente– sobre los aportes ocultos, con dinero ilegal, a esa campaña, por más de un millón 200 mil dólares. En contrapunto se describe en detalle las planillas (incluyendo las rectificadas y subsanadas) con las que los tesoreros y los encargados de las finanzas de la campaña buscaron explicar esos aportes.
Luego de la exposición larga y ordenada de los hechos, incluyendo las declaraciones de personas que figuran en las planillas de donantes y que niegan haber hecho los aportes que figuran bajo sus nombres, la conclusión del documento se da en las últimas cuatro páginas, donde el fiscal Pérez Gómez indica en los muchos casos en los que se presenta como aportes reales los hechos “en varios depósitos, es decir, montos fraccionados, y, que hayan sido depositados diversos montos supuestamente por diversas personas, pero el mismo día y el mismo monto, misma agencia, nos permite inferir que se habría utilizado de esta forma el ingreso de dinero conocida como “Pitufeo”. […] En suma, se tienen los siguientes supuestos:
– Aportes fraccionados o “pitufeados”;
– Aportes negados por sus aportantes;
– Aportes no sustentados la procedencia de dinero [sic];
– Aportantes sin capacidad económica”.
Luego de listar otras evidencias y elementos de juicio, el fiscal afirma que “Estas circunstancias reseñadas nos permiten determinar que los otros Quinientos mil Dólares que Jorge Henrique Simoes Barata habría entregado a favor de Fuerza 2011 en el transcurso del año 2011, habría sido ingresado o filtrado dentro de los S/. 17,450,753.93 soles que se ha informado a la ONPE como ingresos del Partido Fuerza 2011”.
Sobre esa base, el fiscal Pérez Gómez resolvió:
–Iniciar investigación preliminar contra varios de los aportantes del presunto ‘pitufeo’;
– Tomar las declaraciones a varios de los implicados en las declaraciones presuntamente falsas sobre la financiación de la campaña’, y a los representantes de compañías involucradas;
– Interrogar a Keiko Fujimori.
Además de la Disposición Nº 72, el juez Concepción Carhuancho tuvo, según su resolución, informaciones concomitantes de otras investigaciones, en especial el informe de la fiscal Sandra Castro sobre la relación de Fuerza Popular (la ex Fuerza 2011) con el hoy destituido, desaforado y procesado exmagistrado César Hinostroza Pariachi.
Y así, en los hechos, volvieron a encontrarse las investigaciones de Lava Juez y Lava Jato en las medidas tomadas hoy.
A partir de este momento, habrá, sin duda, una enérgica campaña de apelaciones por parte de la defensa de Keiko Fujimori y Fuerza Popular; pero lo más probable es que la investigación fiscal prosiga con fuerza la próxima semana en un escenario que ha pasado por niveles extraordinarios de cambios, suertes y destinos, excepcionales hasta para Lima, la capital de la sorpresa.
