La Corte Suprema rechazó el pedido de cese de prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público en perjuicio del Estado y la sociedad.

El juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió mantener la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al considerar que persisten los fundamentos que justifican la medida.

“Se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva que fuera prolongada por 18 meses por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio de 2024”, señala el organismo judicial.

El proceso judicial se centra en los sucesos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo declaró la disolución del Congreso y la reestructuración del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones, acción que fue calificada como un intento de ruptura del orden constitucional.

La defensa de Pedro Castillo alegó la aparición de nuevos elementos que respaldarían el levantamiento de la medida cautelar, señalando que aún no se han recabado testimonios clave y que existen documentos que, según su versión, demostrarían la inexistencia de un alzamiento en armas.

Asimismo, se desestimó el pedido de sustitución de la prisión preventiva por vigilancia electrónica, ya que el delito de rebelión conlleva una pena privativa de libertad no menor de 10 años y no mayor de 20 años, lo que impide la aplicación de dicha medida.

Del mismo modo, se rechazó la solicitud de reemplazar la prisión preventiva por vigilancia electrónica, argumentando que el delito de rebelión contempla una pena de entre 10 y 20 años de cárcel, lo que imposibilita la aplicación de dicha alternativa.

“No cabe la vigilancia electrónica en el presente caso; más aún cuando el argumento de la defensa es que en el centro penitenciario donde su patrocinado cumple la prisión preventiva (conocido como Barbadillo) no existe hacinamiento”, detalla la resolución.

Es importante señalar que la Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, en un caso que también involucra a los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, quienes son investigados por su presunta participación en los hechos.