La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), dio luz verde a tres informes de calificación que declaran procedentes las denuncias constitucionales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, el exministro de Salud Víctor Zamora, y la excongresista Luciana León Romero.
Martín Vizcarra Cornejo y Víctor Zamora Mesía están incluidos en la Denuncia Constitucional 512, presentada por el congresista Edward Málaga Trillo (Avanza País). La acusación señala una presunta infracción del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y la posible comisión de delitos contra la fe pública, específicamente falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 428 y 438 del Código Penal.
El informe de calificación correspondiente a la Denuncia Constitucional 512 recibió el respaldo unánime de la Subcomisión, con 16 votos a favor.
El informe indica que, durante la pandemia de la COVID-19, se habría justificado la compra de pruebas rápidas utilizando documentos falsificados, argumentando que no se adquirieron pruebas moleculares debido a que estas estaban supuestamente acaparadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Además, se señala que decretos oficiales y artículos científicos incluyeron información engañosa para respaldar la adquisición de pruebas rápidas, lo que, según el informe, pudo haber contribuido al aumento de contagios y muertes durante la pandemia.
CASO DE PEDRO CASTILLO
La Denuncia Constitucional 516, presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal, fue admitida a trámite con 8 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
La acusación sostiene que Castillo Terrones habría empleado de manera irregular aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú, recursos pertenecientes a la administración pública, para fines no oficiales, como el traslado aéreo de familiares, allegados y terceros desde Lima hacia Cajamarca con motivo de un evento privado.
CASO DE LUCIANA LEÓN
Con 15 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, se aprobó la procedencia de la Denuncia Constitucional 545 presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la excongresista Luciana León.
La excongresista es señalada por la presunta comisión del delito contra la administración pública, específicamente por tráfico de influencias agravado, según lo establecido en el artículo 400, primer y segundo párrafo, del Código Penal.
DENUNCIAS IMPROCEDENTES
Por otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó tres informes de calificación que declararon improcedentes denuncias constitucionales.
Con 10 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, se desestimó la Denuncia Constitucional 278 presentada por la congresista Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre) contra el expresidente Francisco Sagasti. La denuncia lo acusaba de infringir los artículos 102 y 118 de la Constitución y de presuntamente cometer el delito de patrocinio ilegal, tipificado en el artículo 385 del Código Penal.
Asimismo, con 14 votos a favor, ninguna oposición y 2 abstenciones, se declaró improcedente la Denuncia Constitucional 413 contra los exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia, acusados de abuso de autoridad y prevaricato, contemplados en los artículos 376 y 418 del Código Penal.
Finalmente, por unanimidad, se rechazó la Denuncia Constitucional 526 contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por presuntos delitos de peculado de uso y negociación incompatible o aceptación indebida de cargo, tipificados en los artículos 388 y 399 del Código Penal.
REPROGRAMAN VOTACIÓN CONTRA VIZCARRA
El grupo de trabajo reprogramó para el martes 21 de enero la sustentación, el debate y la votación del informe final sobre las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 (acumuladas) contra Martín Vizcarra. Estas denuncias lo acusan de presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú, tras la disolución del Congreso en 2019.
La reprogramación se realizó a solicitud del parlamentario Héctor Ventura, quien tiene a su cargo la sustentación del informe final.
