POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El 2024 llega a su fin. Un balance interior permitirá analizarnos en cómo nos fue en los últimos 365 días, y arribaremos a la conclusión: bueno, no tanto, o quizá para el olvido. Lo relevante, al margen del comentado resultado, es que ya estamos en nuevo año, y nuevos retos nos esperan. Exactamente lo mismo ocurre como país, aunque desafortunadamente hay una constante, las brechas acrecentadas día tras día. Diferencias ideológicas priman, o mejor dicho siguen prevaleciendo por sobre los intereses de la patria. No logramos (y en ocasiones ni lo intentamos) ponernos de acuerdo en cosas tan básicas como ejemplo en la educación (en noviembre último, Comex refirió que a nivel nacional solamente el 11.3% de los estudiantes de segundo grado logra un nivel satisfactorio en matemáticas y apenas el 18.4%, en lectura).
A ello agregar una preocupación latente en nuestra sociedad es la instrumentalización de la justicia como venganza. Dos casos, por lo menos de los varios existentes: Juan Rivero Lazo y Nicolás Hermoza Ríos, condenados por el asesinato en Barrios Altos, entre otros. El primero, en el 2001 fue sentenciado a 25 años, y según cómputo de la Sala que lo juzgó la pena debió cumplirse en el 2026; sin embargo, una reciente resolución del Tribunal Constitucional ordenó su inmediata libertad (que fue postergada innecesariamente 9 días) argumentándose que debió dejar el penal en octubre pasado. Tiene 83 años. En tanto que el segundo de los nombrados, encarcelado en el 2005 salió de la cárcel antes de lo previsto, también por instrucción del mismo TC, precisándose que padece de Parkinson y demencia senil desde el 2015, afectándose el principio de dignidad. Cuenta con 90 años.
Ambos son oficiales generales (r), cuya responsabilidad penal recayó en haber estado subordinados al entonces asesor del siniestro SIN, Vladimiro Montesinos; no obstante, su avanzada edad, amén de múltiples dolencias médicas, hacían imposible su permanencia en la penitenciaria. Pero esto no les importó a los magistrados que una y otra vez hicieron caso omiso a los pedidos (y hasta probablemente ruegos) de los familiares para que estos ancianos recuperasen sus vidas.
Está claro, insistimos en este término, que fueron investigados, juzgados y recluidos -en apariencia- conforme a ley. Pagaron enteramente sus culpas. Así, la justicia, lejos de reconocerlo, se ensaño más con ellos, pues se trató de personajes que ocuparon cargos de relevancia (director de Inteligencia y comandante general, ambos del Ejército del Perú), durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, enemigo jurado de la casta caviar.
Contrario ha sido -y es- el trato, hasta privilegiado, que la misma progresía (a través del Poder Judicial) da a sus simpatizantes. E ahí a Susana Villarán, a pesar que en mayo de 2019 confesara haber delinquido (recibió coima de la corrupta Odebrecht), a la fecha continúa veraneando relajadamente al sur de la capital.
Esto debe parar. No es posible que el largo brazo de la ley siga operando según la ideología impuesta; es decir, si el imputado es fujimorista o aprista cuando menos recibirá prisión preventiva; mientras que, al revés, si habrá presunción de inocencia, con diligencias programadas eternamente, y ejecutorias que nunca llegan.
Si aspiramos a convertirnos en una nación medianamente desarrollada, empecemos a comportarnos con irrestricto respeto a las normas vigentes, y eso pasa porque la justicia sea igual para todos; ergo, sin excepciones. Parafraseando a Concepción Arenal “todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen”. Estamos a tiempo de mejorar nuestra historia.
