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22 diciembre, 2024 7:44 am

Pese a sus intentos de impedirlo, juicio contra la gobernadora inicia este jueves 19

Gilia Gutiérrez enfrentará las acusaciones por el presunto delito de falsa declaración al omitir propiedades en su hoja de vida durante las elecciones de 2022.

POR: JULIO FARFÁN VALVERDE

El juicio contra la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo ya tiene fecha de inicio. El Tercer Juzgado Unipersonal de Moquegua, a cargo del juez Luis Antonio Talavera Herrera, ha citado a la autoridad regional para la primera audiencia de juicio oral, que se realizará de manera virtual este jueves 19 de diciembre a través de Google Meet.

La defensa legal de Gutiérrez Ayala intentó frenar el juicio, pero sus esfuerzos fueron rechazados por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Mediante la Resolución N.º 04, emitida el 19 de noviembre de 2024, dicha Sala declaró infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa, allanando el camino para que el proceso continúe.

La acusación, presentada por el fiscal Roberto Miguel Giraldo Cadillo del Tercer Despacho Penal Corporativo de Moquegua, señala que Gutiérrez Ayala habría incurrido en el delito de declaración falsa al omitir la posesión de bienes inmuebles en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones regionales de 2022.

Según el expediente 00673-2024-69-2801-JR-PE-03, la gobernadora habría declarado no poseer propiedades, cuando en realidad se le atribuyen cinco inmuebles registrados en los sectores del Valle de Omate, Moquegua:

  • Predio rural en Challguayo-Coacho (Partida Registral N.º 05046630).
  • Predio rural en Challguayo-Coacho (Partida Registral N.º 05046633).
  • Predio rural en La Joya-El Olivar (Partida Registral N.º 05048057).
  • Predio rural en La Joya-Santa Rosa (Partida Registral N.º 05067101).
  • Predio rural en Omate-La Cata (Partida Registral N.º 11012105).

El Ministerio Público argumenta que esta omisión vulneró los principios de transparencia y veracidad que rigen los procesos electorales, configurando el delito tipificado en el artículo 411 del Código Penal, que sanciona con penas de prisión de uno a cuatro años a quienes realicen declaraciones falsas en procedimientos administrativos.

La segunda audiencia del juicio ha sido programada para el viernes 27 de diciembre de este año.

Análisis & Opinión