POR: MIGUEL CÉSPEDES RODRÍGUEZ
Solo dos municipalidades distritales, la Municipalidad Distrital de Puquina y la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, han superado el 80% de avance de ejecución, clasificadas como «Bueno».
La mayoría de las municipalidades del departamento de Moquegua se encuentran en el rango de ejecución entre el 60% y el 70%, calificadas como «Regular».
Varias municipalidades tienen un rendimiento alarmantemente bajo, como la Municipalidad Distrital Quinistaquillas (14.5%) y la Municipalidad Distrital Chojata (27%), clasificadas como «Jalados».
Entre los altos montos sin ejecutar figuran el del Gobierno Regional de Moquegua, con 109.47 millones de soles, seguido por la Municipalidad Distrital San Antonio (59.78 millones) y la Municipalidad Distrital Torata (53.84 millones).
En contraste, algunas municipalidades como la Municipalidad Distrital Puquina y la Municipalidad Distrital Coalaque tienen montos menores a 2 millones de soles por ejecutar, lo cual refleja diferencias significativas en la escala de sus presupuestos.
De las 22 entidades evaluadas, 10 están calificadas como «Jalados», lo que representa el 45% del total. Estas entidades exhiben avances de ejecución inferiores al 60%.
La categoría «Regular» abarca la mayoría de las entidades (54.5%), con avances entre el 60% y el 80%.
Solo un 9% logra la categoría «Bien» con ejecuciones superiores al 80%.
A pesar de la baja ejecución presupuestaria, los funcionarios y empleados, los alcaldes de las municipalidades y la gobernadora regional de Moquegua, siguen recibiendo sus salarios puntualmente, lo cual genera una percepción negativa entre la ciudadanía respecto a la eficiencia del uso de recursos públicos.
El bajo porcentaje de ejecución promedio (66.8%) refleja una gestión deficiente en la mayoría de las entidades, con montos considerables sin invertir.
La cercanía del cierre del año fiscal subraya la urgencia de ejecutar estos fondos, aunque hacerlo apresuradamente podría redundar en proyectos de baja calidad.
La falta de ejecución presupuestaria no solo pone en evidencia la ineficiencia administrativa, sino que también subraya la urgencia de implementar políticas públicas que promuevan la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos.
