La Federación de Organizaciones Agrarias y Productivas de la Provincia de Islay (FOAPIA), presidida por el ingeniero Percy Puértolas Salazar, ha solicitado al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, la instalación de una mesa de diálogo para abordar la crítica situación de contaminación en el río Tambo y el deterioro ambiental que afecta a la provincia. La federación advierte sobre los impactos en la salud pública y en el sector agrícola de la provincia de Islay debido a la persistente polución del río y la actividad minera en su cuenca.
CRISIS AMBIENTAL EN EL VALLE DE TAMBO
Según el documento remitido por FOAPIA, los problemas de contaminación del río Tambo se han convertido en una amenaza constante para la agricultura y la población. La cuenca recibe vertidos de metales pesados provenientes de actividades mineras y aguas residuales de poblados cercanos, convirtiendo el río en “una verdadera cloaca” que afecta la salud de los residentes y reduce la fertilidad de las tierras agrícolas.
“La situación en términos de contaminación medioambiental en nuestra provincia de Islay es MUY GRAVE,” enfatiza el documento, señalando la presencia de cerca de 400 pasivos ambientales y 600 concesiones mineras en la cuenca alta del río.
IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El valle de Tambo, considerado un área vital para la producción de alimentos en la región de Arequipa y el sur del país, enfrenta un futuro incierto debido a la disminución de caudales y el deterioro de la calidad del agua. Según FOAPIA, el crecimiento de la frontera agrícola en la vecina región de Moquegua también aumenta la demanda de agua, reduciendo la disponibilidad de riego en Islay y afectando el rendimiento de los cultivos.
“Solo podemos avizorar un futuro sombrío” para la agricultura del valle, señala el documento, advirtiendo sobre el aumento de metales pesados en los productos agrícolas y la disminución de la productividad de los suelos.
LLAMADO A UN DIÁLOGO URGENTE Y RESPONSABLE
FOAPIA reconoce el rol positivo de la inversión privada en el desarrollo económico, pero recalca que las actividades mineras y agroindustriales deben cumplir con las normas ambientales. La federación denuncia la falta de efectividad de las autoridades locales y llama al gobierno a establecer un espacio de diálogo en Islay para tratar la problemática de manera integral. Según el documento, de no atenderse esta petición, FOAPIA recurrirá a instancias legales tanto nacionales como internacionales para proteger los derechos de los ciudadanos.
Este llamado representa un último recurso para los agricultores, quienes, según Puértolas, “creen en el diálogo alturado y el fiel cumplimiento de compromisos asumidos” como única vía para resolver los problemas ambientales que aquejan al valle de Tambo.
