La industria minera en Perú enfrenta cada vez más desafíos para obtener permisos y construir relaciones de confianza con las comunidades locales. En el marco del VI Comasurmin, Jorge Meza Viveros, director general de operaciones de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), planteó una propuesta innovadora: incluir el análisis de la ‘licencia social’ dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de cada proyecto minero. “Cuando estemos haciendo el Estudio de Impacto Ambiental, hagamos el estudio y el análisis de la licencia social”, expresó Meza, enfatizando la importancia de contar con la colaboración de distintos actores sociales.

EL CONCEPTO DE ‘LICENCIA SOCIAL’ Y SU IMPORTANCIA EN LOS PROYECTOS MINEROS

La licencia social no tiene aún una definición formal en la normativa peruana, pero ha ganado relevancia como un requisito intangible, que se refiere a la aceptación y respaldo que las comunidades otorgan a proyectos que impactan su entorno. Meza señaló que, para lograr un enfoque integral, el análisis de la licencia social debería incluir la participación del gobierno, universidades, sector privado y la sociedad civil. Según su propuesta, este esfuerzo permitiría estructurar un marco formal para asegurar que los proyectos greenfield, aquellos nuevos en su área de influencia, cumplan con un estándar social aceptado por todas las partes.

TÍA MARÍA Y LOS DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Southern Perú tiene en cartera proyectos como Tía María, Michiquillay y Los Chancas, que han enfrentado obstáculos relacionados con la aceptación social y la prolongación en los permisos. El proyecto Tía María, en particular, es un caso emblemático: ha permanecido en espera durante 15 años debido a la oposición social y los complejos requisitos regulatorios. Meza mencionó que los cambios en las tecnologías y las actualizaciones de los estudios ambientales suelen encontrar trabas en la normativa, lo que ralentiza el avance de las inversiones. “A veces se encuentra una mejor tecnología, pero el cambio implica otro proceso y nos tenemos que esperar cinco años más”, explicó al portal proactivo.com.pe.

SOSTENIBILIDAD Y COLABORACIÓN

La propuesta de Meza responde a un contexto en el que Perú es uno de los principales destinos de inversión minera en el mundo, con más de 60 mil millones de dólares proyectados en nuevos proyectos. Sin embargo, datos del Ministerio de Energía y Minas muestran que muchos de estos proyectos enfrentan importantes demoras debido a la falta de consenso social. Formalizar la ‘licencia social’ podría significar un cambio estructural para la industria, promoviendo un desarrollo más inclusivo y mitigando el riesgo de conflictos.

UN NUEVO MARCO PARA UNA MINERÍA SOSTENIBLE

Si se concreta la inclusión de la ‘licencia social’ en el EIA, Perú podría estar liderando un modelo que integre sostenibilidad y consenso social como elementos centrales en el desarrollo minero. Como afirmó Meza, “pongámosle cuerpo a lo que es la licencia social y veamos que todos los nuevos proyectos greenfield cumplen con esa licencia”.