La situación de hacinamiento en el Educentro de Moquegua se agrava debido al aumento del personal que trabaja en sus instalaciones, superando la capacidad de 35 personas para la que fue construido y alcanzando actualmente más de 100 trabajadores. Este incremento de personas, ha generado condiciones de trabajo insostenibles y perjudiciales para empleados y usuarios.
El problema principal radica en el acuerdo N° 279, que cede espacios del Educentro a la Corte Superior de Justicia de Moquegua, presidida por el Dr. Percy Ruiz Navarro, para implementar la unidad de flagrancia delictiva.
Sin embargo, este acuerdo se habría tomado sin consultar a los directores de la UGEL Mariscal Nieto, de la Dirección Regional de Educación (DREMO) ni a los docentes, lo que ha llevado a los dirigentes del Sindicato Integrado de Docentes Trabajadores en la Educación Regional (SIDTER) y el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (SITRADE) a solicitar la anulación del convenio ante el Consejo Regional.
La Prof. Graciela Chipana, secretaria regional del SIDTER, señaló que la falta de capacidad del Educentro para albergar al personal adicional está generando serias incomodidades y dificultades en el trabajo diario.
Chipana explicó que el espacio fue cedido a la Corte sin la aprobación de las autoridades educativas ni del personal afectado, lo que ha provocado una situación crítica para quienes laboran en el Educentro.
Por su parte, Félix Manchego Maita, jefe del área de Gestión Pedagógica de la UGEL Mariscal Nieto, informó que desde inicios de año han solicitado a las autoridades de la UGEL, la DREMO y el GORE Moquegua la habilitación de otros espacios debido a la falta de lugares de trabajo adecuados. «Este local no tiene la capacidad para atender a los más de 100 trabajadores, quienes actualmente se ven obligados a utilizar el comedor y otras áreas inadecuadas para sus labores», señaló Manchego.
A esta problemática se suma que el Educentro fue entregado únicamente con un acta y sin la debida liquidación de obra por parte del Gobierno Regional de Moquegua, lo que impide cualquier tipo de mantenimiento o intervención para mejorar las instalaciones.
Los dirigentes sindicales han solicitado que se regularice la documentación para poder intervenir en el lugar y mejorar las condiciones de trabajo para el personal.
