El expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, fue condenado a 20 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de colusión y lavado de activos en relación con la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. La sentencia fue dictada por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Inés Rojas Contreras, quien destacó la gravedad del caso debido a la alta investidura que Toledo ocupaba como jefe de Estado durante el período en que se cometieron los delitos.
La condena impuesta a Toledo se desglosa en dos partes: 9 años de cárcel por el delito de colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos, además de 242 días multa. La jueza también dictaminó una inhabilitación de tres años para ejercer cualquier cargo público. Esta pena se computará a partir del 23 de abril de 2023, fecha en que Toledo fue extraditado desde Estados Unidos al Perú, y culminará el 22 de octubre de 2043.
DETALLES DE LA SENTENCIA Y EL ESQUEMA DE CORRUPCIÓN
Según el fallo preliminar, Alejandro Toledo se coludió con representantes de la empresa brasileña Odebrecht para recibir sobornos de 35 millones de dólares. A cambio, facilitó la adjudicación de las obras para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, lo que causó un grave perjuicio económico al Estado peruano. La concesión, llevada a cabo durante su mandato (2001-2006), fue el resultado de un esquema de corrupción en el que participaron varios funcionarios y empresarios.
El tribunal también dictó una pena de 9 años de cárcel para Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo, exintegrantes del comité Proinversión, por el delito de colusión. Ambos funcionarios validaron la adjudicación de la obra en complicidad con Toledo, lo que contribuyó al acto ilícito que afectó las arcas del Estado.
Por otro lado, Abraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, fue absuelto del delito de colusión en calidad de cómplice, al no encontrarse pruebas suficientes que lo involucraran directamente en el esquema delictivo.
REPARACIÓN CIVIL Y PRÓXIMOS PASOS JUDICIALES
El tribunal también impuso una millonaria reparación civil que deberán pagar los sentenciados, ascendiendo a 1375 millones de soles, más 463 millones de dólares, como compensación al Estado peruano por los daños ocasionados. La lectura completa de la sentencia, que incluirá más detalles sobre las pruebas y fundamentos del fallo, se llevará a cabo el próximo 31 de octubre a las 10:00 horas.
Este caso emblemático se enmarca en la serie de investigaciones que han revelado la profunda red de corrupción vinculada a la empresa Odebrecht en América Latina, y representa un hito en la lucha del Perú contra la corrupción a alto nivel.
