El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Arequipa, José Miguel Briones, lanzó duras críticas contra el Congreso de la República, acusándolo de ser cómplice indirecto del aumento del crimen organizado en el país. Sus declaraciones ponen de manifiesto la creciente frustración de las autoridades locales frente a la aparente inacción del gobierno central en materia de seguridad ciudadana.
LEY OBSTACULIZA LABOR POLICIAL
Briones expresó su profunda preocupación por el impacto negativo de la actual ley del crimen organizado en las investigaciones judiciales. Según el funcionario, esta normativa entorpece significativamente las acciones policiales contra las bandas criminales al exigir la presencia de un abogado del imputado durante los allanamientos. Esta medida, aparentemente diseñada para proteger los derechos de los acusados, está siendo utilizada como escudo por los delincuentes para evadir la justicia.
CONGRESO: ¿ALIADO DEL CRIMEN?
En sus declaraciones más polémicas, Briones no escatimó palabras al acusar al Congreso de ser indiferente ante el aumento del crimen organizado. «Yo diría que ha oficializado al crimen organizado. El Congreso se vuelve como un brazo derecho del crimen organizado», afirmó tajantemente. Estas palabras reflejan una percepción alarmante: que las leyes promulgadas por el Parlamento están, de hecho, facilitando el crecimiento de la delincuencia en lugar de combatirla.
URGENCIA DE NUEVAS POLÍTICAS
Ante este panorama desalentador, Briones enfatizó la necesidad urgente de reformular las políticas de seguridad ciudadana. El funcionario sostiene que se requieren nuevas normativas e instituciones capaces de garantizar efectivamente la protección de la población. Sin embargo, su crítica no se limita al Poder Legislativo; también señala la inacción del Ejecutivo en esta materia crucial.
MEDIDAS LOCALES CONTRA INSEGURIDAD
En contraste con la aparente parálisis a nivel nacional, Briones destacó los esfuerzos locales en Arequipa para combatir la inseguridad. Informó sobre los avances logrados en reuniones entre Coresec y los gremios de transporte urbano, que incluyen la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y aplicaciones tecnológicas en unidades de transporte público. Estas medidas, aunque prometedoras, subrayan la necesidad de una estrategia nacional coherente y efectiva contra el crimen organizado.
