POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
A inicios del pasado mes de septiembre, Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Parlamento, cuestionó que, en el primer semestre del año, cerca de 8 mil presuntos delincuentes fueron excarcelados por la Fiscalía. Dato alarmante, aunque no del todo preciso, pues una persona puede ser detenida por diversos motivos: requisitoria por no asistir al llamado de la judicatura (reo contumaz), haber sido sindicada de un presunto delito sin mayor aporte indiciario (menos probatorio), entre otros. Sea cual fuere el motivo de la privación momentánea de su libertad, lo cierto es que la benemérita Policía Nacional del Perú cumple a cabalidad la labor encomendada; es decir, lucha frontal contra el hampa, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, etc., para que días después el Ministerio Público suelte al supuesto malhechor. Y esto último no es exageración, toda vez que lo vemos diariamente en los diversos medios de comunicación dando cuenta de capturas in fraganti, poniendo énfasis en que el aprehendido ya contaba con antecedentes criminales vigentes.
En contraste, hace poco más de dos meses, el Poder Judicial de Cajamarca sentenció a 15 años a Marlon Erick Villegas Córdova, teniente de la PNP que arriesgó su vida para capturar a un avezado forajido, condenado previamente a 20 años, quien al resistirse al arresto fue inmovilizado por los efectivos del orden (entre ellos, Villegas Córdova), y a las pocas horas falleció en un nosocomio de dicha ciudad. Raudamente, el Ministerio del Interior anunció que apelará esta medida al considerarla injusta. Muy probablemente tengan razón.
En resumen: prófugos de la ley por fechorías de relevancia penal (sicariato, secuestro, robo agravado, etc.) pululan libremente en las calles; mientras que valerosos y hasta heroicos policías son puestos tras los barrotes por el mero hecho de actuar en legítima defensa, de la suya y de todos los peruanos.
Pero, felizmente, no todo es cuestionamiento al desempeño policial. Recientemente, Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, declaró que este tiene todo el derecho de abatir a bandoleros que ataquen con armas o explosivos. Por su parte, Juan José Santiváñez ha ido más allá en sus apreciaciones. Como buen hijo de oficial de policía, subrayó que “todos los efectivos policiales y militares que, en el ejercicio de su función, pretendan ser investigados o sometidos a la justicia, deben ser juzgados en el fuero militar y no en el fuero común, porque tenemos que brindar, en esta oportunidad, una tolerancia al debido proceso”. Es una posición entendible, aunque oportunamente el Tribunal Constitucional zanjó este espinoso tema, poniendo énfasis en que el delito de función debe cumplir con: i) ser militar o policía en actividad; y ii) que el bien jurídico protegido debe ser de exclusiva labor en el ámbito policial o militar, como, por ejemplo, la sustracción de una tanqueta (STC N.º 017-2003-AI/TC).
Hasta aquí queda claro que, de los 130 mil policías que velan por la tranquilidad del país, la vasta mayoría son probos e idóneos para el cargo. Así, debemos recordar que el eslogan tantas veces repetido de “a la Policía se le respeta” no solo debe pronunciarse, sino también aplicarse en nuestra cotidianeidad.
De lo contrario, como sucede actualmente, seguiremos teniendo a la Policía enmarrocada.
