La minería ilegal es uno de los principales problemas que afronta el Perú. Es una actividad que, además de deteriorar los ecosistemas y depredar la riqueza mineral, se conecta con diversos delitos como la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción, entre otros; y cuya erradicación se dificulta por sus estrechos vínculos con las organizaciones criminales.

Ante esta realidad, la respuesta del Estado ha transitado entre el error y la insuficiencia. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) demostró su inutilidad al contar con más de 80 mil inscritos y solo formalizar a 2081. En tanto, los operativos de interdicción, pese a superar los 570 en lo que va del 2024, parecen no afectar las estructuras que sostienen esta actividad ilícita.

Frente a esta crítica situación, el 12 de setiembre último se presentó el nuevo enfoque de la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal ante la Comisión Multisectorial dedicada a este tema, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e integrada por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. «Con esta propuesta integral atacaremos la raíz del problema», anunció el alto comisionado para el combate a la minería ilegal, el general (r) Rodolfo García Esquerre.

SIETE EJES

Con este enfoque compuesto por siete ejes, el Estado busca dar una solución integral. Los dos primeros dan una nueva perspectiva a la interdicción y a la formalización: operativos permanentes con mayor presencia, a nivel nacional, de fiscalías especializadas en materia ambiental; e impulso a la formalidad de los mineros con acceso al crédito, tecnología y respaldo del Estado.

El tercer eje dispone el desarrollo de economías alternativas formales, en consenso con las comunidades campesinas y nativas; mientras que el cuarto incide en establecer mecanismos para la trazabilidad de los insumos destinados a esta minería ilícita.

l quinto concierne la necesidad de una mayor institucionalidad mediante el fortalecimiento de las fiscalías de lavado de activos, extinción de dominio y crimen organizado, y de las direcciones regionales de energía y minas. En tanto, los dos últimos ejes comprenden el impulso de la bancarización y un mayor control de las actividades de comercialización y exportación.

Sin embargo, como apunta el alto comisionado, el éxito de la propuesta requiere de un firme compromiso político de todos los actores. «Para que el nuevo enfoque tenga un impacto real, se requiere de una base legal sólida, el compromiso de los tres poderes del Estado y el respaldo de la sociedad», acotó.

PRÓXIMAS ACCIONES

La culminación de la actualización de la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal está prevista para fines de setiembre, y en su diseño intervinieron 16 instituciones que han realizado investigación de campo en todo país. Tras ello, la propuesta será evaluada por la comisión multisectorial.

Las expectativas con este nuevo enfoque, que va más allá de los operativos de interdicción, son altas. Por lo pronto, como parte de la mirada integral, se ha incorporado a la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) y a la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) en las interdicciones. “Con la unión de los tres poderes del Estado, el sector privado y la sociedad civil, la minería ilegal será cosa del pasado”, acotó el alto comisionado.

RESPUESTA MULTISECTORIAL

El 16 de enero del 2024 se instaló la “Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente”, a fin de responder en conjunto desde el Estado a esta actividad ilícita.

La comisión es integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros; los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, Ambiente y Relaciones Exteriores; la SUNAT y la SUNARP; el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el titular del Poder Judicial y el fiscal de la Nación.