POR: GUSTAVO PINO
El gobierno de Dina Boluarte, marcado por la controversia y la represión, se encuentra en un punto crítico de su mandato. Desde el inicio, ha estado bajo la lupa de la ciudadanía y la comunidad internacional por sus decisiones y acciones que, según muchos críticos, socavan los derechos humanos y favorecen a los responsables de crímenes atroces. La situación ha empeorado con la reciente promulgación de leyes que muchos consideran una afrenta a la justicia y una amenaza para el futuro de la democracia en Perú.
El 29 de marzo de 2024, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la residencia de la presidenta Dina Boluarte en Surco, como parte de las investigaciones por el caso “Rolex”, que involucra a la mandataria y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por presuntos favorecimientos en partidas presupuestarias para obras. Este allanamiento, dirigido por Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, desató una ola de represalias por parte del gobierno. La más reciente, una amenaza directa de dar de baja a Colchado y a los oficiales que participaron en el allanamiento, subraya el carácter autoritario del régimen de Boluarte.
El 14 de agosto, el general PNP Marlon Anticona Julca, jefe de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, envió un oficio a los jefes de grupo de las oficinas descentralizadas, solicitando la relación de todos los oficiales que tienen investigaciones por infracciones graves y muy graves. Esto ha sido visto como un intento de intimidar a quienes osan desafiar el poder presidencial, reforzando la percepción de un gobierno que no duda en utilizar el aparato del Estado para sus fines personales.
A esta situación se suma la aprobación de leyes que favorecen a responsables de crímenes de lesa humanidad. Estas normativas, promulgadas por el Congreso con la venia del Ejecutivo, redefinen el concepto de organización criminal y blinda a políticos, militares y terroristas que hayan violado derechos humanos antes de 2002. Entre los beneficiarios potenciales de estas leyes se encuentran personajes como Alberto Fujimori, condenado por matanzas durante su gobierno, y miembros del Grupo Colina, un comando paramilitar responsable de la ejecución de decenas de civiles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su profunda preocupación por estas normativas, advirtiendo que podrían hacer ilusorio el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares. A pesar de las críticas internacionales, el gobierno de Boluarte ha mantenido un silencio ensordecedor, rechazando las observaciones de la CIDH y adoptando una postura de desacato.
En medio de este sombrío panorama, un episodio tragicómico ha capturado la atención del país. Durante una presentación pública, la presidenta Boluarte interpretó desafinadamente una canción infantil sobre un gato que cae de un tejado, provocando una oleada de burlas y comparaciones con su desastrosa gestión. Este incidente no solo evidenció la falta de carisma de la mandataria, sino que también fue inevitablemente asociado con la situación legal de su antiguo aliado, Vladimir Cerrón, quien lleva meses burlándose de la justicia peruana desde la clandestinidad.
Mientras el gobierno sigue sin demostrar voluntad para capturar a Cerrón, el Congreso, dominado por sus aliados, aprobó un proyecto de ley que redefine el concepto de organización criminal, beneficiando a investigados como los hermanos Cerrón y, potencialmente, a la misma presidenta. Este acto de complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo refuerza la percepción de un Estado que opera bajo un manto de impunidad y corrupción.
La historia recordará a Boluarte no solo por sus silencios y desafortunadas presentaciones públicas, sino por haber liderado un gobierno que puso en riesgo los cimientos de la democracia peruana. Al menos por ahora, ese es el panorama inmediato, con la esperanza de que no se convierta en una realidad irrefutable en la que no haya lugar para una democracia posible.
