POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS    

Dispuso la reorganización total del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público, el resto de instituciones caerían por su propio peso, sin antes disolver el Congreso; años más adelante, la grave y sistemática corruptela del poder, vulneración a los derechos humanos, las instituciones hechas estropajos, el servilismo por doquier, evidenciaron el sentido de gobierno de quien hoy, gozando de las gollerías de la coyuntura política, le permite con provocación, exhibirse públicamente como gobernante ejemplar. Pareciera que la noche oscura que tiñeron nuestras instituciones no ha pasado ni mucho menos hemos asimilado el valor de una democracia y la autonomía de sus instituciones

Ingresados en el escenario democrático, en septiembre del 2001, en nuestro país y no podía ser de otra mejor manera, la Asamblea Extraordinaria de la OEA aprobó la Carta Democrática Interamericana, estableciendo en forma clara y precisa los elementos esenciales de una democracia: el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio del poder sobre la base del estado de derecho, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuan distante de estos principios nos encontramos e irónicamente bajo la inspiración y decisión de las mismas fuerzas políticas, que ayer destrozaron nuestra institucionalidad democrática.

Como descripción propia de nuestra realidad política, nos encontramos con una concentración de poder en torno al Parlamento frente a un endeble e inadvertido Ejecutivo, sin posibilidad alguna de reposicionarse, no porque las normas lo reduzcan a ese rol sino por carencia de personalidad y voluntad política, se opta por acudir a una lenta y silenciosa destrucción del estado de derecho. Si alguien define nuestro modelo político como presidencialismo atenuado, tendrá que corregirse porque nos encontramos con finos y reforzados instrumentos de control político parlamentario aunado a su auto atributo de interprete de la Constitución-por no de decir auténtico- con el soporte del Tribunal Constitucional, quien solventa la autarquía congresal alejándolo de los controles constitucionales, he ahí los descontroles manifiestos. Y en efecto, sin considerar su alejamiento de la opinión pública, sus dardos políticos se han dirigido en lograr mayor concentración de poder, como si su ejercicio fuera interminable:

MINISTERIO PÚBLICO. Destituida Patricia Benavides, su otrora lugarteniente, por interferir a favor de su hermana, juez superior, por un caso relacionado a la liberación de narcotraficantes, y aun los procesos que le sobrevienen no le auguran expectativas positivas; ahora, la vista esta puesta sobre el actual Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, contra quien se ha interpuesto una denuncia constitucional, ya sucedió con la exfiscal Zoraida Avalos, que finalmente fue repuesta por el Poder Judicial. Lo que se quiere es un Ministerio Público maniatado y dependiente, no está ajeno a ello, el reciente proyecto de ley para declarar en reorganización el Ministerio Público.

PODER JUDICIAL. Timorato, sin acabar de sacudirse de sus sombras del pasado que se confunden con arbitrariedad y desconexión ciudadana, bajo la presidencia de un magistrado complaciente con el poder político, y con escasa identidad por el respeto a la independencia de poderes, cual si su silencio fuera una forma de proponer posiciones; lo que de ninguna manera pueda pasar por alto, el encuentro con una judicatura institucionalista, apegada a la defensa de nuestra Constitución y sus valores intrínsecos, aunque son acciones aisladas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. La premisa de “órgano de control de la Constitución”, fundamental en nuestra consolidación democrática y en el desarrollo de las instituciones constitucional, se encuentra venida a menos; magistrados orondos, inclinados al poder político, al Parlamento en concreto, con decisiones sesgadas, parcializadas y carentes de solidez argumentativa, que responden más al compromiso político que al quehacer jurídico y su especifica función; es pues, una suerte de Senado, sin llegar a constituirse en la cámara de reflexión.

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA. Suficiente su pronunciamiento exigiendo la independencia de poderes, para que toda la maquinaria parlamentaria reaccionara agresivamente, teniendo en la mira a sus siete integrantes, destituyó a dos; y luego apelando a su sincronizado Tribunal Constitucional, logró ratificar dicha destitución. En una sorpresiva decisión, con un quórum limitado, la JNJ decidió la destitución de Patricia Benavides; se reaccionó con un proyecto de Ley, bajo un ágil proceso legislativo, para crear en su remplazo, la Escuela Nacional de la Magistratura.

SISTEMA ELECTORAL. Ya en perspectiva las elecciones generales, el remezón sobre la ONPE y la RENIEC, respecto a la ratificación de sus jefaturas por parte de la diezmada JNJ no fue suficiente, acaba de aprobarse en el Congreso que esta potestad de designar a estas jefaturas corresponde al Senado, lo que implica ingresar a una reforma de lo reformado. La instrumentalización de las denuncias constitucionales (en plural) contra el presidente del JNE, que tienen su origen en haber convalidado los resultados de las elecciones generales del 2021, describen el persistente acoso a que están sujetas las instituciones autónomas.

Pero esto no es suficiente, pues arrogándose facultades y autonomías ha ingresado con absoluto libertinaje a un espacio de cuidado, las reformas constitucionales: la Bicameralidad, la reelección de las autoridades municipales y regionales, la creación de la Escuela de la Magistratura, el Senado designa a los jefes de RENIEC y ONPE, la eliminación de los movimientos regionales; el Congreso asume de poder constituyente, cuando mayor legitimidad tendría la ciudadanía a instancia de una Asamblea Constituyente, que de un plumazo fue derivada al archivo.

Nuestra pasividad, se convierte en insumo y aliciente, para estos desbarajustes institucionales y constitucionales, aunque lo más claro, es la destrucción gradual de nuestra democracia, su socavamiento viene desde su interior a instancia de una clase política torpe, imprevisible, y con nulo compromiso democrático. Por ello, resulta pertinente convocar al dramaturgo alemán Bertolt Brecht, más presente que nunca: «Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.