La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió imponer la sanción disciplinaria de suspensión por ciento veinte (120) días calendario del cargo de fiscal supremo a Pablo Sánchez Velarde. Esta medida se tomó debido a que se comprobó que recibió dos remuneraciones y una dieta entre septiembre de 2020 a junio de 2021.
La decisión se tomó por mayoría de 4 votos a 1, después de que la miembro ponente, María Zavala Valladares, presentara su informe al pleno. La única disidencia en la votación fue expresada por la miembro Imelda Tumialán.
Las dos remuneraciones recibidas por el magistrado corresponden a sus sueldos como fiscal supremo y como docente, lo cual constituye el motivo de la falta disciplinaria grave. Además de ello, se constató que percibió una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura, durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2020 a junio de 2021.
El pleno de la JNJ determinó que, mediante esta conducta, el magistrado infringió los deberes establecidos en la Ley de la Carrera Fiscal, el Código de Ética del Ministerio Público, así como el Código de Ética de la Función Pública.
“Habiendo quedado acreditado que el investigado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves, corresponde determinar la graduación de la responsabilidad incurrida, teniéndose en consideración que la función de control disciplinario ejercida por la Junta Nacional de Justicia se encuentra revestida del análisis objetivo de los hechos y sobre la conducta concreta objeto de imputación”, expresó la ponente.
En ese sentido, el pleno de la JNJ consideró que, si bien el investigado obtuvo beneficio económico, actuó bajo la creencia de que su conducta estaba acorde a la ley. Aunque no pretendió ocultar el hecho calificado como infractor, no actuó con la debida diligencia requerida.
Finalmente, el organismo constitucional consideró que es deber de los fiscales preservar y elevar el prestigio de la institución, con el fin de fortalecer la confianza pública y consolidar el Ministerio Público como un organismo constitucional autónomo del Estado.
