POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
“Es una injusticia sostener, que en el Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia”, manifestaba recientemente Mario Vargas Llosa en la ceremonia de condecoración que le tributó la jefa de Estado Dina Boluarte.
Pero, ¿somos un país democrático? donde sus instituciones funcionan, lo ciudadanos se sienten identificados con ella, el Estado en su conjunto facilita el bienestar común, hay pleno respeto por las libertades públicas, se respeta la autonomía de los órganos constitucionales.
Semanas atrás, la prestigiosa revista The Economist difundió su “Índice de Democracia”, en el que se valora: proceso electoral, pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Nuestro país de ser una democracia defectuosa paso a la categoría de regímenes híbridos, confundido entre matices democráticos y autoritarios, lo que significa un manifiesto retroceso, y que las propias circunstancias fácticas no nos proponen elementos para contrarrestarla.
Desde el retorno a la democracia, la desconfianza en la clase política se ha incrementado, casi todos los expresidentes están envueltos en graves líos con la justicia penal, dos privados de su libertad en el fundo “Barbadillo”, otro a punto de concretarse su extradición; y cuando nuestra atención estaba puesta en adherirnos a la OCDE, mostrando solidez institucional, estabilidad política y solvencia financiera, la pandemia del COVID-19 desnudó las profundas brechas sociales en las que estábamos inmersos.
Si bien ya arrastrábamos conflictos políticos, estos afilaron sus manifestaciones, como lo anota Steven Levitsky “los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.
Y la realidad palpable nos describe un afán autoritario coludido entre el Ejecutivo y el Legislativo, solventado por los poderes fácticos, empezando por quebrantar el principio de separación de poderes con el irresponsable aval del Tribunal Constitucional, al habilitar el sometimiento del sistema electoral a la representación parlamentaria y la renuncia a la supremacía constitucional, el deplorable rol asumido por la actual responsable del Ministerio Público, con un manifiesto sesgo en su actuar; la afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin ejercicio de control sobre los responsables; el empoderamiento arbitrario de las fuerzas del orden, con menoscabo de los fundamentos democráticos; la abdicación del necesario control político a las autoridades de gobierno y tanto más que decir.
Alberto Vergara, en un ensayo periodístico, nos decía “las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia”, dejándonos un mensaje “los financistas de la política peruana trabajan para dinamitar el Estado de derecho con el fin de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios”.
Cuánta razón tiene su acertado análisis, hasta podríamos atrevernos a hablar de una democracia secuestrada, es el marketing impuesto sobre los debates de ideas, pasando nuestra decisión electoral a estar condicionada por lo que la direccionada información nos transmite, especialmente los medios de comunicación; y en nuestro país, estos últimos, intervienen sin rubor alguno en la nota interesada, parcializada y agresiva, sin considerar el sentido común del ciudadano de a pie y el hartazgo que van generando.
Cada día, se limitan los derechos ciudadanos, cuando desde la ciencia política y la realidad cotidiana nos reclaman mayores espacios democrático deliberativos, ocurriendo lo inverso, sembrando una reacción lógica, los ciudadanos no se identifican con su democracia. El Barómetro de las Américas, publicado el año pasado nos decía que sólo el 50% de peruanos se identificaba con la democracia como forma de gobierno; y es la respuesta al desencanto, a la mentira y engaño político, allí también encontramos la respuesta a esas decisiones electorales por lo nuevo o desconocido, pero que significa un recambio a lo tradicional, sin dimensionar consecuencias.
Entonces, la vieja premisa que la democracia aún con sus debilidades es la mejor forma de gobierno está en observación, y no es una apreciación singular nuestra -en el mundo se están generalizando las protestas-, aquí nos encontramos con un problema estructural, la desigualdad. Los ciudadanos reclaman al otrora estado de bienestar, renegando del modelo privatista de educación, salud o pensionario, lo que tiene incidencia en el debilitamiento de nuestra democracia.
La cura para los males de la democracia es más democracia; lamentablemente ni por asomo, estamos encaminados en esa determinante ruta, no esperemos un sacudón ciudadano a las posturas autoritarias que se vienen imponiendo.
