POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
No se quieren ir, ni uno ni otro, y el país alborotado. Nunca tuvieron la voluntad de irse, aún a pesar de las graves consecuencias sociales, estos últimos días permitieron mostrarlos con su ceguera política, su insensibilidad ante la problemática y la incapacidad de asumir decisiones para cortar con esta crisis.
Aun tratando desde el gobierno de focalizarlo, se manifiesta en una importante mayoría de peruanos su identificación con las demandas que se expresan en las calles y plazas, las recientes encuestas así lo evidencian; pero también diversos gobiernos, más allá de discutir su incidencia en asuntos internos o no, como instituciones y organismos internacionales, no están ajenos a nuestro acontecer, con indistintos pronunciamientos exteriorizaron su preocupación, especialmente en las afectaciones a la vida y libertades de los peruanos. La prensa internacional, incluso informa mejor y con mayor objetividad de lo que acontece en nuestro país.
No se discute que la asunción de mando de Dina Boluarte siguió la ruta formal, preestablecida constitucionalmente, pero advertidos del contexto excepcional en el que se daba y la temporalidad de su ejercicio; en las oscilaciones a las que nos viene malacostumbrando, de una primera intención de quedarse hasta el 2026, optó por una lectura más acorde con los momentos, para hablar de un mandato acortado.
En un último mensaje, dirigido particularmente al Congreso, conminándolo a aprobar la reforma para el adelanto de elecciones, caso contrario presentaría un proyecto de ley con el carácter de urgente, que en verdad-desde la perspectiva política y jurídica- no significaba absolutamente nada, se leía su lejana intención de asumir una posición más extrema, su renuncia, que realmente pudiera inducir a que los legisladores aprueben las reformas constitucionales necesarias para el adelanto de elecciones.
Este último viernes, el Ejecutivo sustento su iniciativa legal, y en las circunstancias en que se discutía, aparecía como la última oportunidad para aprobar el adelanto de elecciones, desde el Congreso se respondió con un formalismo reglamentario, en la Comisión de Constitución de acordó su archivo y esperar un nuevo periodo anual parlamentario, es decir hasta agosto. ¿Cuál será la posición del Ejecutivo? la misma de estas últimas semanas, derivar la responsabilidad al Congreso, porque a ellos les corresponde acudir a las reformas constitucionales, pasando por alto que en estas últimas y difíciles jornadas el parlamento se autoexcluyó.
Cuando en el Congreso se amplió la legislatura en la prudencia de adecuar los tiempos para posibilitar las reformas constitucionales, generó una ingenua expectativa sobre un falso interés en apuntalarlas, pues ya son cuatro los proyectos rechazados y no se ha aprobado norma alguna, por consiguiente no hay marco legal para convocar a elecciones ni para este 2023 ni mucho menos para el 2024 y aun cuando el sistema electoral, desde su ángulo técnico, avala que estas pueden realizarse entre octubre y diciembre de este año, que incluye primera y segunda vuelta electoral. Unos que quieren quedarse hasta el 2026, porque ese es el mandato para el que fueron elegidos; otros que condicionan el adelanto electoral a que se considere también el referéndum para una Asamblea Constituyente; y un tercer grupo, que reclaman tiempo para realizar las reformas políticas que el país necesita y que redunden en una mejor representación, claro, una mejor representación de la que ellos significan. Lo cierto es que no hay voluntad política, un entrampamiento legislativo que evidencia sus mezquinos intereses postergando sus responsabilidades de priorizar la agenda que la ciudadanía exige, sustrayéndose de su función fundamental que debe orientar sus decisiones, de representar los intereses de sus ciudadanos.
Las movilizaciones ciudadanas conforme transcurren los días, si bien merman en número más no en impacto y en una mayor sensibilidad, no obstante, la debilidad en la centralización y liderazgo de los convocantes, que hace que se instituyan distintos frentes y con cierto grado de desarticulación, que no permiten una estructura más orgánica y coordinada. A ello se suma la presencia efectiva y disuasiva de las fuerzas armadas, las permanentes primeras planas de los principales medios de comunicación inmersos en una agresiva campaña de descalificación, el aliento de ciertos sectores empresariales y también la reacción ciudadana de quienes temen por su propio statu quo.
Buen tiempo atrás escribíamos sobre el desapego ciudadano, su desafectación democrática, y vaya que el liberarse de su inercia los ha impulsado a otro extremo; esta crisis política, que remueve los cimientos de nuestra propia democracia, nos permite encontrarnos una vez más con un país -en términos de los economistas- con crecimiento, pero sin desarrollo.
Si el parlamento apegado a sus reglamentos y su clara intención política, no puede discutir nada hasta Agosto y por consiguiente no habrá elecciones este año 2023, teniéndose en vilo a la ciudadanía por las marchas y contramarchas de sus decisiones, con una mayoritaria percepción ciudadana contraria a la labor del Ejecutivo y el Congreso, queda en manos de la presidente Boluarte, tomar la decisión de su renuncia, si ayer era una de las posibilidades, hoy es la única alternativa para salir de este entrampamiento normativo y político en el que estamos. Los orgullos y vanidades políticas no pueden pesar más sobre la muerte de decenas de ciudadanos, la legitimidad de los reclamos o sobre el riego de una permanente inestabilidad política y social. Si bien está relacionada con el acontecer del 2022, nada ajeno a este primer mes del 2023, el Índice de Democracia de The Economist nos ubica en la categoría de un régimen híbrido, con inclinaciones autoritarias, dejando de ser un régimen democrático, lo que es bastante peligroso desde el enfoque riesgo-país.
La renuncia de Dina Boluarte implicará entregar el mandato presidencial a la presidencia del Congreso, a José Williams Zapata, conociendo de su formación militar y su carácter impositivo, costará mucho forzarlo a facilitar la elección de una nueva mesa directiva Congresal, que pueda generar confianzas, consensos políticos, pero sobro todo encaminar con transparencia y objetividad el proceso de elecciones generales, que es lo que sobreviene por mandato constitucional, correspondiéndole inicialmente su convocatoria.
Lo que no fue el caso de Valentín Paniagua, que se encontró con un proceso eleccionario ya convocado por el propio Alberto Fujimori o Francisco Sagasti, que encarrillo una convocatoria realizada por Martin Vizcarra.
La propia Dina Boluarte debe ir al encuentro de su sombra, aquella Dina Boluarte que significó independencia frente a Vladimir Cerrón, la que en momentos de tirantez política decidió no continuar acompañando a Pedro Castillo en el Gabinete, reencontrarse con la sencillez y el sentido común de aquellos que se formaron en la estrechez de la vida y supieron con esfuerzo y humildad, romper con las barreras propias del atrevimiento de avanzar.
El momento exige desprendimiento, se propone como un compromiso con las expectativas que uno mismo se cifro, reclama entereza por sanar las heridas de la confrontación y el rencor, y esto implica necesariamente una renuncia. Son los costos de la política, pero son los ineludibles pasos para la paz social.
