Como parte del despliegue del megaoperativo de control en la región, la Contraloría detectó irregularidades en la adquisición de tres ambulancias rurales tipo II para los centros de salud de Ichuña, Ubinas y Coalaque en la provincia General Sánchez Cerro y determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional en cuatro servidores del Gobierno Regional de Moquegua.

Los hechos se remontan al segundo semestre de 2021, cuando en el marco de la emergencia sanitaria por Covid, el Gobierno Regional compró, a través del procedimiento de contratación directa, los mencionados vehículos a una empresa por la suma de S/ 1 millón 083 mil 000.

Sin embargo, el informe de control específico N° 006-2022-2-5347 (periodo de evaluación 30 de setiembre al 25 de noviembre de 2022) evidenció que servidores y funcionarios otorgaron conformidades de recepción y pagaron por los vehículos, sin que el proveedor haya gestionado el trámite de las tarjetas de propiedad de dos unidades de emergencia.

Esta situación generó que dos de las tres ambulancias compradas continúen registradas a nombre del contratista y, por si fuera poco, se encuentran con un gravamen en favor de un tercero por la cantidad de U$30 630 cada uno. Por lo que estos dos vehículos no pueden ser utilizados en favor de pacientes de Ichuña y Coalaque.

Asimismo, esta conformidad indebida permitió que, en la etapa de regularización del contrato, la empresa proveedora ya no esté obligada a presentar la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza) por la adquisición de las ambulancias.

Además, la comisión de control detectó que hubo un retraso de nueve días en la entrega de los vehículos (seis por retraso en la entrega y tres por demora en la absolución de observaciones); sin embargo, los servidores solo aplicaron una penalidad a la empresa contratista de seis días.

Por todos estos hechos, se identificó un perjuicio económico total de S/ 788 mil 295 en contra del Gobierno Regional.

El informe de control específico fue comunicado a la entidad regional y se recomendó al Órgano Instructor de la Contraloría iniciar los procesos administrativos contra los presuntos responsables. También se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones legales de índole penal.