Con 13 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final de la investigación de los hechos ligados a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 008-2020, el cual recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, por presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Asimismo, junto al exmandatario se incluye dentro de la acusación en la modalidad de colusión en agravio del Estado a la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y a la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.
Cabe señalar que el grupo de trabajo, que preside Héctor Ventura Angel (FP), analizó cinco líneas de investigación para la elaboración del presente informe: adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; adquisición y suministros de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 y adquisición de estructuras metálicas y equipamiento para el sector salud.
“Hoy se dio un paso más para hacer justicia por las más de 150 mil familias enlutadas por las nefastas decisiones del vacado Martín Vizcarra en su gobierno durante la pandemia de la COVID-19”, indicó el presidente de la comisión, Héctor Ventura, en su cuenta de Twitter.
Entre las principales conclusiones del informe aprobado, que será elevado al Pleno del Congreso, se sostiene que Vizcarra Cornejo y las exministras citadas se reunieron con empresas del sector salud como Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies SAC para concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
A su vez, se ha corroborado la aplicación indebida del DU 028-2020 que consideró la adquisición de pruebas rápidas omitiendo lo establecido en las normas legales de salud vigentes que amparaban técnicamente a la prueba molecular como única prueba de diagnóstico para detectar la COVID-19.
El informe señala que la central de Compras Públicas – Perú Compras a requerimiento del Instituto Nacional de Salud (INS) benefició irregularmente con la adquisición de la buena pro a las empresas Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies SAC para la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Por otro lado, también se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.
Finalmente, el presidente de la comisión señaló que el informe final será remitido al Ministerio Público para que continúe la investigación y emita denuncia penal.
