POR: GODOFREDO VALDIVIA AYALA
Cuatro funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua y un proveedor afrontan investigación penal en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada y negociación incompatible, en agravio del Estado.
Se trata de Vigil Wilber Mamani Cori (residente de obra), Henrry Condori Figueroa (inspector de obra), César Huanca Ayna (jefe de Logística), Edilberto Wilfredo Saira Quispe (jefe de la Oficina de Administración y decano del Colegio de Contadores Públicos de Moquegua) y el proveedor Gonzalo Daniel Garcez Cegarra.
El caso tiene que ver con las tres ambulancias rurales tipo II adquiridas sombríamente entre 2020 y 2021 a la empresa Biológicas Médicas Andinas SAC por un millón 056 mil soles, destinadas para los establecimientos de salud de los distritos de Coalaque, Ubinas e Ichuña.
La conformidad se dio a través de los informes 125, 137 y 180 con el formato 07 por parte del residente Vigil Mamani y el inspector Henrry Condori, con el propósito de aparentar que la empresa había cumplido con la totalidad de la obligación contractual. Es decir, dieron conformidad, cuando realmente Biomédicas Andinas SAC no había cumplido dentro del plazo establecido con el trámite de la tarjeta de propiedad, placas y el SOAT de las unidades vehiculares adquiridas bajo el sistema de suma alzada y la modalidad llave en mano, perjudicando al Gobierno Regional que tuvo que pagar el monto contractual.
Además, las conformidades se habrían otorgado antes de la celebración del contrato, cuando las ambulancias todavía figuraban a nombre de la empresa vendedora, sin que ingresen al patrimonio del Gobierno Regional.
Hasta el 14 de julio de 2022 la empresa vendedora no cumplió con la obligación de obtener la tarjeta de propiedad y el SOAT a nombre de la entidad compradora, sin embargo, recibió el íntegro del pago del gobierno regional.
Los descrito causa perjuicio a los pobladores de Coalaque, Ubinas e Ichuña y al propio Gobierno Regional, puesto que al haberse otorgado conformidad y efectuado el pago total por las tres ambulancias, sin exigir la garantía de fiel cumplimiento, no es posible ningún resarcimiento ni aplicación de penalidades
El 21 de julio de 2022, el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Abog. Walker Fredy Ríos Calizaya, mediante Disposición 01 dispuso promover una serie de diligencias en sede fiscal contra los cuatro funcionarios de confianza y el proveedor de las ambulancias. Además de declarar compleja la investigación por el término de ocho meses (del 21 de julio de 2022 al 21 de marzo de 2023), el representante del Ministerio Público dispuso la realización de 18 actos orientados a acreditar mayores elementos de convicción.
