En los últimos días hemos visto como la ambición y el interés económico han empañado una protesta que podría haber sido legítima en la zona de la Quebrada de Cocotea.

La dirigencia de la comunidad Pocata Coscore Tala que preside la señora Leonilda Flores y el señor Iván Mendoza, no está pidiendo que se respete el ambiente, no está pidiendo que se respete la integridad de la comunidad, tampoco está reclamando por los derechos de sus comuneros, está pidiendo la cifra exorbitante de 5 mil millones de soles y otras cosas desproporcionadas a la Southern.

Según comentan los pobladores de la zona, este pedido tendría la intención de distraer la atención porque la dirigencia no está rindiendo cuentas del pago que recibieron de la otra empresa minera Anglo American Quellaveco por la compra de terrenos, y al verse acorralados decidieron iniciar una protesta contra Southern, buscando el respaldo de los medios y las autoridades.

Esta actitud ya fue rechazada por la propia Junta de Usuarios de Moquegua, en la persona del señor Miguel Vizcarra. También por políticos conocidos de Torata como el señor Juan Madueño y varios entendidos de la región Moquegua, quienes han visto el gran interés personal y económico que está detrás de esta protesta, que lejos de buscar una negociación o diálogo, ha optado por extorsionar a la empresa Southern con acciones ilegales como toma de maquinarias y bloqueo de la vía férrea.

El mismo congresista Samuel Coayla hizo un llamado para que las partes se pongan de acuerdo y dialoguen. En declaramos a los medios informó que conversó con representantes de la empresa Southern Perú, quienes le expresaron que tienen toda la disponibilidad de solucionar este malentendido a través del diálogo, pese a que cuentan con una sentencia judicial a su favor, que confirmaría su derecho sobre la zona de controversia.

Cabe señalar que la señora presidenta de la comunidad estaría con algunos problemas con la SUNAT, porque le habría detectado algunos depósitos en sus cuentas personales en agravio de la comunidad, relacionados al pago recibido por parte de la otra empresa minera por la compra de terrenos. Este caso está en investigación.

Y también se ha pronunciado una asociación de herederos y propietarios de Coscore, que indican que la dirigencia de la comunidad quiere desconocer sus derechos y que ellos son los legítimos propietarios que deberían negociar con la empresa.

Denunciaron que esta sería la segunda vez que la presidente Flores y su grupo, quieren negociar a espaldas de los que serían los legítimos herederos, porque hace algunos años vendieron terrenos a la empresa Anglo American Quellaveco sin su autorización.

Y algo que también sorprende, es que en la Comunidad Pocata Coscore Tala hace pocos años había más o menos 200 inscritos, ahora hay más de 400 y la mayoría no viven en la zona, contraviniendo las normas vigentes de comunidades campesinas, en el sentido que los comuneros deben vivir en su comunidad.

Es importante que la opinión pública no se deje engañar y que se respete el estado de derecho. Las preocupaciones de las comunidades son legítimas, pero no hay justificación para no respetar la legalidad, el derecho de propiedad, las sentencias judiciales y la tranquilidad pública. Esperemos que, por el bien de todos, el diálogo y el entendimiento triunfe, en lugar de la violencia y la ambición.