POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El pasado martes, Dina Boluarte convocó a elecciones generales (presidente, senadores y diputados, y Parlamento Andino) para el 12 de abril de 2026. Y no estuvo sola, sino flanqueada de los Titulares del Jurado Nacional de Elecciones y del RENIEC. Al día siguiente, Roberto Burneo anunció que 41 organizaciones políticas participarán en los próximos comicios. Paralelamente, Delia Espinoza dispuso iniciar indagaciones para determinar la ilegalidad de Fuerza Popular, entre otro partido.
Como era de suponer, la crítica no se hizo esperar, no solo de esta tienda política, sino en general. Renovación Popular, que lidera el actual alcalde Metropolitano, declaró “rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la Fiscal de la Nación”. Por su parte, el Partido Popular Cristiano calificó el actuar “como un intento de penalizar legítimas expresiones y aspiraciones políticas de cualquier ciudadano”. Más categórico fue el periodista Aldo Mariátegui, en su columna diaria de opinión al afirmar que eso “constituye una prueba más que la cúpula del MP está capturada por la caviarada, lo que amerita su renovación total”. En su defensa, el despacho de Espinoza, a través de un adjunto supremo (desconocemos que estará haciendo Víctor Cubas pues como vocero aquí sí le correspondía intervenir), precisó que “estas acciones son procedimientos y no investigaciones penales”. Claro.
Realmente es sorprendente el comportamiento infantil de Espinoza Valenzuela. Primero, tiene 4 denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Y una de estas (con bastante asidero legal, tanto más que político) es por haber acusado ligeramente a algunos legisladores de haberse favorecido de una ley que les otorgó pensión y remuneración a la vez, y sin tope. Dos, en julio de 2020, el controvertible José Domingo Pérez, Fiscal del Equipo Especial Lava Jato, pidió la suspensión temporal por dos años de Fuerza Popular, supuestamente por haber recibido US$ 1 millón de la corrupta Odebrecht. Obvio, como solo fue su dicho, la justicia le negó lo peticionado. Cuatro años después, fue más allá y requirió la disolución de este partido. Igual, la Judicatura lo ignoró. Y, tercero, ya estamos en campaña electoral. Quizá Delia no se enteró y ni tiempo tiene de revisar siquiera El Peruano, por lo que un asesor, amigo o familiar tenga la amabilidad de avisarle. Y esta coyuntura es hipersensible, además que la lideresa de esta organización política, Keiko Fujimori, es la candidata natural.
Sobre esto último, sorprendió un tanto la exculpación de Vladimir Cerrón por parte del Poder Judicial, anulándole la condena de 3 ½ años por colusión en el caso denominado “Aeródromo Wanka”. El magistrado a cargo, César San Martín, argumentó que este delito no le era aplicable al prófugo exgobernador regional de Junín.
¿Coincidencias? No. Lo es cuando te encuentras a tu ex en el mismo gimnasio al estás yendo. Aquí no, toda vez que no sería de extrañar que ante la pérdida de poder de los progres (por si acaso el juez San Martín lo es, y venerado por este grupúsculo), estén desde ya buscando alianzas con sectores de izquierda, colocando a su candidato/a o apoyando a alguien afín. Eso sí, cualquiera que represente el antifujimorismo. El objetivo: de agosto de 2026 en adelante, recuperar ministerios, y con ello retornar las jugosas consultorías.
Está evidenciándose más el rol político que viene asumiendo el Ministerio Público, por lo que afirmamos que Delia Milagros Espinoza Valenzuela se ha convertido en el partido 42 de cara al 2026.
