POR: MIGUEL CÉSPEDES RODRÍGUEZ
La situación actual de los proyectos del Gobierno Regional de Moquegua en la gestión de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, refleja una falta de eficiencia en la ejecución de los mismos, con una baja tasa de avance y varios proyectos estancados, que afectan directamente a la población y al desarrollo económico de la región.
Los datos analizados corresponden al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el avance de ejecución de 27 proyectos del Gobierno Regional de Moquegua. El promedio de avance en los proyectos es de solo el 16.9%, lo cual es considerablemente bajo en comparación con el objetivo ideal de un 85% para este momento del año.
Algunos proyectos de alta importancia social, como la mejora de servicios de salud y educativos, presentan un bajo avance, lo cual afecta directamente a la población. Por ejemplo, el proyecto para el «Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento Estratégico San Antonio» tiene solo un 24.7% de avance, y otros proyectos educativos esenciales como la «Adquisición de Mobiliario de Aula a nivel departamental» y «Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Los Ángeles» también están rezagados.
Otros proyectos no han tenido avance alguno (0%), lo cual es alarmante. Entre estos están el «Mejoramiento de la Producción de Aceite de Oliva» y la «Instalación del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva del Recurso Choro». Estos proyectos son de impacto económico positivo en la región, pero la falta de avance representa una oportunidad perdida para el desarrollo local.
Se observa que el presupuesto total destinado a estos proyectos es de 50,678,733 soles, de los cuales solo se han ejecutado 8,582,126 soles. Esto significa que una gran cantidad de recursos asignados para el desarrollo regional no se está utilizando adecuadamente.
La falta de progreso en estos proyectos implica no solo una pérdida de oportunidad económica, sino también un impacto social negativo, ya que muchos de estos proyectos están diseñados para mejorar el acceso a la educación, salud, infraestructura y otros servicios básicos.