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100 días: no una, sino muchas muertes

POR: JULIO FAILOC RIVAS    

En estos primeros 100 días de gobierno –duele decirlo– salvo las muertes de 59 personas civiles, 6 soldados del ejército y 1 policía muerto, el resto de la gestión de Dina Boluarte ha pasado absolutamente desapercibida para la gente.  Solo la clase política peruana (y sus representantes en el ejecutivo y en el legislativo) es capaz de superar su propia mediocridad, aun cuanto crea que ya se ha tocado fondo.

A diferencia de Pedro Castillo la presidenta Boluarte, en sus primeros 100 días de gobierno, no tuvo en el Legislativo ni en la fiscalía de la nación una oposición, por el contrario, hubo una laxitud y una tolerancia extrema. Ninguna comisión investigadora en el Congreso y tampoco una sola carpeta fiscal abierta seriamente por los más de 40 personas ejecutadas extrajudicialmente. Se extraña la eficiencia y la prontitud con la que actuaban en el régimen del expresidente golpista Pedro Castillo.

Como es sabido, el problema de Boluarte se inició el día 1 de los primeros 100. Su responsabilidad política, por si no lo sabe ella, data desde que asumió el mando, cuando juró gobernar hasta el 2026, sabiendo que su sucesión presidencial debió limitarse a convocar inmediatamente a las elecciones generales. Si bien esta salida no necesariamente se pegaba a lo constitucional, lo cierto es que ya tenía precedente, además que era la única salida para la crisis política del momento.  De haber actuado de esta manera nos hubiera ahorrado, no una sino muchas muertes que al día de hoy alcanza los 66 muertos.

Del resto de los 100 días, a la primera muerte de un civil, se recuerda la renuncia de la ministra de Educación y del ministro de Cultura, los intentos de convencer a la presidenta para que haga renunciar a los ministros de Defensa y del Interior, cosa que solamente no ocurrió, sino que terminó por ascender a Otárola de la cartera de Defensa al premiarato.

Al incrementarse el número de muertos, las calles empiezan a movilizarse en todo el país, y empieza a especularse una posible renuncia de Dina Boluarte que fue contenida y desmentida por el premier y junto con ello la decisión de desarticular la movilización social a cualquier costo. El gobierno y el congreso anuncian el adelanto de elecciones y la aprueban para el 2024, cuestión que es rechazada por los movilizados con mayor violencia cuyo costo de más vidas empieza amentar significativamente.

El Ejecutivo y el Congreso no solo no han retrocedido, sino que vienen ejecutando un plan siniestro para deslegitimar la movilización social e incrementar la represión militar y policial con la finalidad de quedarse al 2026 burlándose una vez más de la población que exigía la renuncia de Dina Boluarte, elecciones adelantadas y el referéndum para decidir si quieren o no una nueva constitución.

Los 100 días de gobierno de Dina Boluarte, han sido de una casi permanente movilización social con una declaratoria de paralización indefinida de un pueblo que clama por ejercer sus derechos políticos que le son negadas con represión militar y policial, con un saldo no de una, sino de muchas muertes.

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