La jueza de instrucción de Andorra, Azahara Cascales, ordenó incautar las cuentas de dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Alan García, implicados en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la concesión de la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Las cuentas que la magistrada ordenó incautar están en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de los exfuncionarios Edwin Luyo y Santiago Chau, ambos en prisión preventiva, y suman en conjunto más de 1,3 millones de dólares.
La orden de incautación fue dictada a pedido de los miembros del Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía peruana, que viajaron hasta a Andorra para continuar con las investigaciones de los casos de corrupción vinculados a Odebrecht en el Perú.
El dinero que Luyo y Chau guardaban en Andorra corresponde presuntamente a los sobornos pagados por Odebrecht a cambio de que el Gobierno peruano les adjudicase la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
En la cuenta de Luyo, quien fue presidente del primer comité que adjudicó la construcción al Consorcio Tren Eléctrico, integrado por las empresas Odebrecht y la peruana Graña y Montero, se halló 1.191.011,53 dólares. En la cuenta de Chau, quien formó parte del comité de selección para el tramo 2 del Metro de Lima, figuran 113.692,13 dólares.
La jueza de Andorra sostuvo que la incautación se debe «a la gravedad de los hechos y a la necesidad de asegurar los bienes que serían objeto del delito de sobornos».
La incautación a las cuentas de los investigados en Andorra es uno de los logros del equipo fiscal peruano que viajó a ese país este lunes, integrado por su coordinador Rafael Vela, y los fiscales José Domingo Pérez y Geovanna Mori.
El equipo fiscal también ha tenido acceso a las investigaciones de las autoridades de Andorra, que contienen información sobre las cuentas abiertas por exfuncionarios peruanos en la BPA. Además, el mismo equipo de la Fiscalía peruana ha conseguido otros importantes documentos, como detalles de transferencias de dinero que Odebrecht hizo a través de la División de Operaciones Estructuradas, la oficina que manejaba una cuenta oculta con la que se pagaron sobornos en una docena de países de Latinoamérica.
En Andorra, el fiscal Pérez también tomó la declaración de Francesc Xavier Pérez, exgerente de la BPA, quien admitió conocer a Luyo y saber sobre su vínculo con «algún negocio con Odebrecht».