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El Gobierno designó a los miembros de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia

Según la resolución publicada este viernes en el diario oficial El Peruano tras el anuncio de Martín Vizcarra, se trata de “personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad”.

El Gobierno creó este viernes a través de una resolución suprema la “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, anunciada este miércoles por Martín Vizcarra, y designó a sus siete miembros. Según dijo el jefe de Estado, la medida representa su iniciativa de reformar el Poder Judicial tras el escándalo provocado por los audios difundidos esta semana que revelan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre jueces y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Los miembros de la comisión son:

  1. Allan Wagner Tizón (presidente)
  2. Delia Revoredo Marsano
  3. Hugo Sivina Hurtado
  4. Samuel Abad Yupanqui
  5. Eduardo Vega Luna
  6. Ana Teresa Revilla Vergara
  7. Walter Albán Peralta.

De acuerdo con la resolución, los elegidos son «personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad, identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad» y no representan «intereses de algún partido político o sector empresarial». Su labor es «proponer medidas concretas para reformar el Sistema de Administración de Justicia a fin de construir una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible».

Plazos y condiciones

El documento también señala que, a los doce días de su instalación, la comisión deberá presentar al presidente «un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia». Este incluirá la «propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral».

La comisión también tendrá una Secretaria Técnica, a cargo del Despacho Presidencial, la cual apoyará «para la solicitud, recopilación y análisis de información, organización de reuniones y elaboración de actas y redacción de documentos».

Los integrantes del grupo de trabajo, que depende de la Presidencia de la República, no recibirán un pago por su participación, y su implementación «no demandará recursos adicionales al Tesoro Público».  Además, podrán invitar a personas y representantes de organizaciones especializadas a sus sesiones.

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