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Congreso aprobó el pedido de levantamiento de inmunidad de Benicio Ríos

El legislador de Alianza para el Progreso fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por la compra sobrevaluada de un terreno destinado para un relleno sanitario en Cusco.

El Pleno del Congreso votó a favor del pedido de levantamiento de inmunidad del parlamentario Benicio Ríos, quien fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por la compra sobrevaluada de un terreno destinado para un relleno sanitario en el Cusco.

La decisión contra el legislador de Alianza para el Progreso, sentenciado por el delito de colusión agravada en contra del Estado, fue adoptada con el voto favorable de 82 congresistas, sin registrase votos en contra ni abstenciones.

En la víspera, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial solicitó al Congreso autorizar que se haga efectiva la condena judicial de 7 años de prisión contra el legislador Benicio Ríos Ocsa.

El pasado 28 de diciembre, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco dictó dicha sentencia contra el parlamentario de Alianza Para el Progreso por el delito por el delito contra la administración pública-colusión, cometido cuando era alcalde de la provincia de Urubamba entre los años 2007 y 2010. Esta decisión fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Cusco el 4 de mayo del 2018.

«QUIERO PEDIR DISCULPAS»

Hace unos días, Ríos reapareció en el Parlamento luego de estar ausente por varios meses. En una conferencia de prensa, pidió disculpas a sus electores y a su región Cusco por su ausencia.

«Nuestra casación ahora está en la ciudad de Lima. Es una sentencia por haber comprado un terreno pensando en que Machu Picchu tiene que mostrarse limpio ante el mundo. […] Teníamos un problema de no tener un terreno para depositar los residuos sólidos. Declaramos en emergencia y se compra un terreno con todos los procesos administrativos», dijo sobre su proceso.

Según el congresista, después de dos años de haber adquirido el terreno fue denunciado por «una supuesta sobrevaloración». «Como prueba para ese proceso presentan una fotocopia que nunca ingresó a la municipalidad. Una fotocopia cuyas firmas inclusive han sido adulteradas», indicó.

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