El expresidente Alan García Pérez ingresó la noche del sábado a la residencia del embajador de Uruguay y ha solicitado asilo a ese país, informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
«El expresidente (Alan García) ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay», precisa el comunicado de la Cancillería peruana.
Dicha solicitud, como indica la Convención arriba citada, deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que, conforme al artículo IX de la Convención sobre Asilo, el gobierno peruano hará llegar información al respecto.
En la víspera, el Poder Judicial dictó una resolución de impedimento de salida del país para el expresidente Alan García durante 18 meses.
Además, el fiscal José Domingo Pérez amplió una investigación a Alan García por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima durante su segundo gobierno (2006-2011).
LA CARTA DE ALANA GARCÍA AL PRESIDENTE DE URUGUAY
En carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, el expresidente Alan García sostuvo que en el Perú las leyes y procedimientos se desnaturalizan por intereses políticos, al solicitar la protección de ese país hasta que cese el clima de persecución política que dice vivir en el país.
Sostiene que como parte del escándalo Odebrecht, se investigó al expresidente Alejandro Toledo por el pago de 20 millones de dólares a cambio de la carretera Interoceánica; al expresidente Ollanta Humala por los aportes a su campaña, y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuestos servicios financieros cuando era ministro de Economía y Finanzas.
En su caso, sin embargo, manifiesta que Marcelo Odebrecht y los altos funcionarios de su empresa no lo vincularon con actos ilícitos; tampoco existen declaraciones, delaciones o prueba de ilícito que lo vincule y además la comisión Lava Jato del Congreso concluyó que no hay nada que lo relacione con los temas investigados.
Dice además que la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía en el país “crearon un clima de indefensión jurídica”, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen frente al uso de procedimientos investigatorios que exceden sus atribuciones.
Precisa también que desde que concluyó su segundo gobierno ha enfrentado varias investigaciones y asistió 48 veces a las fiscalías, juzgados y el Congreso, ninguna de las cuales concluyó en un proceso, pero sirvieron para lo que llama una “destrucción sistemática y periodística de mi imagen política”.
Afirma que en el país se ha instaurado una política de confrontación y arrinconamiento de los otros poderes, con la convocatoria a un referéndum sobre la No Reelección de los congresistas y el pedido para cambiar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Como el Congreso de mayoría opositora no accedió a esta exigencia, según García, se acusó al partido fujimorista de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, se denunció a sus dirigentes como banda criminal y se ordenó la detención preliminar por 36 meses.
“La Justicia en el Perú vive una situación anómala, y la situación jurídica de un dirigente político opositor está gravemente amenazada. No hay fiscales ni jueces naturales o imparciales”, apuntó.
Refirió que la investigación en su contra por “enriquecimiento ilícito y lavado de activos” fue rechazada en cinco oportunidades y hace poco se difundió “la infamia” de que la empresa Odebrecht le pagó 100 mil dólares por una conferencia que dio a la Federación Industrial de Sao Paulo.
Debido a ello, refiere, se dictó en su contra el impedimento de salida del país, “lo que comprueba el uso exagerado y político de los procedimientos”.
“Por tal causa, como Presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a Usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay, hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país”, refiere.